Para combatir los asesinatos de periodistas también se necesita que el Poder Judicial “actúe con firmeza, que no solamente se sentencie a quienes son responsables de estos crímenes, sino que además genere los instrumentos para prevenir”, aseveró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
“Hay enorme responsabilidad de los gobiernos estatales y las fiscalías de los estados, porque hoy 45 por ciento de las agresiones de que son objeto los periodistas provienen de agentes del Estado, particularmente de policías municipales y autoridades municipales y locales”, sostuvo en un seminario sobre la reforma a la ley para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas.
Reconoció que a 10 años de creado el mecanismo de protección para estos grupos, no se han podido revertir las agresiones.
En la embajada de Canadá, Encinas destacó que para hacer frente a la impunidad en los homicidios contra periodistas también se requiere “enviar señales desde el Estado mexicano de que no va a permitirse ningún agravio más”.
El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado, llamó a todos los gobiernos a fortalecer la protección de los comunicadores, así como la rendición de cuentas por los delitos contra ellos.
Reconoció a Encinas por su acción para atender este flagelo y porque “finalmente es uno de los pocos que dan la cara, que presentan las cosas y las discuten”. Se pronunció por “elevar la presión sobre quienes específicamente tienen la responsabilidad”.
Enrique Irazoque, titular del mecanismo de protección para defensores y periodistas, aceptó que como Estado “no hemos sido capaces” de contener las agresiones, “y mucho menos de generar aspectos que nos ayuden a contraatacar las fuentes y los factores estructurales que los detonan”.
Agregó que a la fecha el mecanismo cuenta con mil 566 personas beneficiarias, de las cuales 521 son periodistas, principalmente de la Ciudad de México, Quintana Roo y Veracruz.
Jan-Albert Hootsen, del Comité para la Protección de Periodistas, destacó que desde hace más de una década el país es el “más mortífero” para los comunicadores en el hemisferio occidental.
