Es el cuento de nunca acabar: el Ejecutivo propone, el Legislativo dispone y el Judicial lo echa todo para atrás para proteger los intereses ilegales de los oligarcas nacionales y trasnacionales, por lo que los dos primeros poderes citados quedan nulificados por decisión –interesada, desde luego– del tercero, quien a diferencia de ese par carece de representación ciudadana. Se trata de la muy lucrativa industria del amparo, regenteada por jueces corruptos en contra de la nación.

Para nadie es novedad que en México la “justicia” es más lenta que el progreso, pero si se trata de proteger los intereses oligárquicos resulta expedita, más rápida que una saeta, y en esta dinámica algunos jueces son raudos para atender las instrucciones del gran capital. No son pocos, desde luego, pero en esa camada aparece Juan Pablo Gómez Fierro –de la mano de Rodrigo de la Peza, quien le hace segunda– en eso de velocidad de otorgar amparos a manos llenas y a la menor indicación para dar cobertura a las empresas privadas que permanentemente violan la ley y saquean las arcas nacionales.

El primer día de febrero de 2021 el Ejecutivo envío al Congreso su iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica; el día 24 de ese mismo mes la Cámara de Diputados la aprobó y el Senado hizo lo propio el 2 de marzo; una semana después, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, sólo para que menos de 24 horas después el juez Gómez Fierro sacara su libreta de amparos favorables a las trasnacionales.

Tan descarado fue el proceder de Gómez Fierro y de su contlapache De la Peza, que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, anuló las “medidas cautelares” otorgadas por ese juez. Sin embargo, esos jueces no dejaron de conceder amparos hasta sumar (estimación oficial) alrededor de 4 mil 500. Así, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica –aprobada por el Congreso– debió pasar el tamiz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien la declaró constitucional.

Sin embargo, a Gómez Fierro lo anterior le tiene sin cuidado y de nueva cuenta mete la mano para proteger a Iberdrola, en el entendido, como se ha comentado en este espacio, que todo cabe en un amparo sabiéndolo comprar; los consorcios privados participantes en el mercado nacional de energía eléctrica simplemente seleccionaron a un juez a modo, llegaron a un acuerdo (es obvio de qué tipo) y de inmediato obtuvieron la “protección de la justicia” para que no alteren su plan de negocios (léase atraco al erario).

La Ley de la Industria Eléctrica (aprobada por el Congreso y declarada constitucional por la SCJN) entre otras cosas obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a declarar nulos los permisos fraudulentos de “autoabasto”, como los de Iberdrola. El ente actuó en consecuencia y en enero pasado no renovó el contrato de interconexión para Dulces Nombres (así se llama la planta propiedad de esa trasnacional española en Nuevo León).

Sin embargo, ¿para qué están los “amigo$”, $iempre tan comprensivo$ y justiciero$. La Jornada (Alejandro Alegría) lo reseña así: “el juez Gómez Fierro –quien ha emitido en meses recientes suspensiones contra iniciativas legales del gobierno federal– concedió a Iberdrola un amparo provisional contra la desconexión de la generadora Dulces Nombres que da marcha atrás a la decisión de la CRE. Debe permitirse la operación de la planta. La interconexión al Sistema Eléctrico Nacional. La quejosa solicitó por la vía legal que no se le interpongan obstáculos para que complete la migración de su permiso hacia uno de carácter único de generación al amparo de la Ley de la Industria Eléctrica y continúe operando bajo la figura de autoabasto” (cortesía de Salinas de Gortari).

¿Algo más? Tanto que “defienden” a los organismos “autónomos”, como la CRE, y son los primeros en pasarles por encima. Queda claro que los traidores a la patria no sólo duermen en San Lázaro.

Las rebanadas del pastel

De los siete partidos que despachan en San Lázaro, tres tienen más diputados plurinominales que por mayoría relativa: PRI (39 y 31, respectivamente; Alito, entre ellos); Movimiento Ciudadano (16 y 7, en cada caso) y PRD (8 y 6). Lo mismo sucede en el Senado: en igual orden, tricolores, 7 de 13; naranjas, 6 de 9, y Chuchos SA, 3 de 3. Entonces, ¿cómo no enloquecer ante la posibilidad de que los pluris se vayan mucho a cobrar a otra parte?