El área jurídica del Instituto de la Vivienda (Invi) pidió a un juzgado girar una orden para lanzar a las familias que habitan el inmueble de la calle Augusto Lindbergh 12, en la colonia Aviación Civil, alcaldía Venustiano Carranza, con el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras del inmueble.

En un oficio, el apoderado legal del organismo, Jorge Sánchez Ramírez, solicita que el desalojo se haga en días y horas inhábiles porque, a su juicio, será difícil ejecutarlo. “El lanzamiento en cuestión no será sencillo y dado el número de ejecutados se llevará bastante tiempo, por lo que es imprescindible que se cuente con el mayor tiempo posible y comenzarlo lo más temprano que se pueda”, refiere el documento.

Se trata de 15 familias –cuyos integrantes son en su mayoría adultos mayores– que han denunciado que a pesar de acreditar su propiedad y posesión de casas, el Invi pretende desalojarlos para beneficiar a una organización promotora de vivienda que durante años los han acosado.

Los afectados señalaron que es inaudito que se pida una acción de esta naturaleza, que ni en la anterior administración –cuando hubo todo tipo de actos de corrupción– se llevó a cabo y que ahora se pretenda hacer en medio de pláticas de conciliación en las que han presentado los documentos que avalan el derecho de posesión y de propiedad.

En días pasados, este diario documentó las penurias que han enfrentado las familias luego de que el anterior dueño Massaoud José Farjat les vendiera en 1987 sus departamentos con un poder notarial del estado de México y después, en 2011, hiciera lo mismo ante el Invi, pero con documentos emitidos en Querétaro y en colusión con una organización promotora.

Para lograr la transacción se expropió el inmueble con el argumento de que se encontraba en alto riesgo, a pesar de que estaba en buenas condiciones hasta 2016, cuando personal de una inmobiliaria, respaldada por el instituto, a golpes de marro destruyó puertas y ventanas.

A pesar de que siempre han habitado sus departamentos jamás se les notificó la expropiación, ni siquiera hubo una segunda publicación del decreto hasta que en 2017 les llegó una notificación del juicio reivindicatorio en el que se les acusa de invadir un inmueble propiedad del gobierno local.