El Salvador. Julia Gavarrete es periodista en el medio salvadoreño El Faro, una de las referencias ineludibles para comprender qué pasa en El Salvador bajo la administración de Nayib Bukele.

La crisis entre el gobierno salvadoreño y los medios periodísticos alcanzó su momento de máxima tensión durante el estado de excepción que empezó a regir el 26 de marzo, tras una ola de homicidios que dejó un saldo de 70 personas muertes en tres días. “En este momento reportar sobre pandillas en El Salvador es un delito”, dijo Gavarrete, entrevistada por la Agencia Regional de Noticias (ARN).

La periodista de El Faro responsabiliza a Bukele por propagar un “discurso de odio” contra las voces disidentes, entre ellas el periodismo, que ha visto afectado su trabajo tras la aprobación de una “ley mordaza” que estableció duras penas de cárcel para los periodistas que informen sobre la actividad de organizaciones delictivas. También criticó las detenciones arbitrarias que se han dado en este marco, alertó por una inminente saturación del sistema carcelario y advirtió por los peligros que podrían enfrentar los jueces salvadoreños que quieran liberar a las personas inocentes.

—En agosto de 2021 ustedes denunciaron que Bukele negoció con las principales pandillas del país. ¿Se puede situar el origen de la actual crisis en esa denuncia?

—En realidad, esa investigación del año pasado fue una continuación de otra, de mediados de 2020, que ya mostraba las negociaciones entre Bukele y las pandillas a cambio de votos para las elecciones. En esta nueva investigación conseguimos mayor evidencia de esas de negociaciones, en particular documentación del llamado "caso Catedral", que es un expediente muy grande que estaba a cargo de fiscales que estuvieron investigando movimientos arbitrarios durante la gestión de Bukele, como compras irregulares de medicamentos e insumos durante la pandemia, y que también iban a investigar estas negociaciones. Y digo “estuvieron” porque el gobierno decidió removerlos de esa unidad especializada, al punto que muchos de estos fiscales se fueron del país. La investigación de agosto del año pasado mostró por primera vez, y con pruebas contundentes, qué implicaron estas negociaciones entre Bukele y las pandillas, entre ellas la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, y también mostró la participación del director de Centros Penales, Osiris Luna, que fue uno de los principales mediadores en esa negociación. En resumen, se conoció que desde las cárceles salieron órdenes a las pandillas que están en el territorio para disminuir los homicidios. Eso se investigó en el “caso Catedral”, que fue dirigido por el fiscal Germán Arriaza, que ahora está exiliado.

—¿Es a partir de ese momento que empiezan los ataques de Bukele a la prensa?

—Desde que comenzó la presidencia, en julio de 2019, Bukele nunca mostró mucha apertura hacia la prensa. Lo primero fue cortar la relación, no daban entrevistas, bloqueaba el acceso a funcionarios y buscaba maneras de evitar que llegáramos a la información. Después eso fue escalando, hasta que ahora estamos hablando directamente de ataques a la prensa, y no solo en redes sociales. Hay sí por un lado una coordinación entre trolls y funcionarios de gobierno para marcar agenda con temas concretos o deslegitimar el trabajo de un periodista, mediante ataques sistemáticos a la persona o al medio. Hay una especie de guerra psicológica, con mensajes y una retórica bien marcada. Por ejemplo, en el caso de El Faro, Bukele insiste todo el tiempo con la acusación de lavado de dinero, que es su línea de ataque, y todos repiten luego lo mismo.

Después tenemos la investigación de Pegasus, un programa espía que se utilizó para escuchar conversaciones de periodistas y activistas. Aunque todavía estamos esperando una investigación seria por parte del Estado, todo apunta a que hay una responsabilidad del Estado salvadoreño y del gobierno de El Salvador. Básicamente porque en este caso es válida la pregunta: “¿Quién más querría estar detrás de nuestros pasos? Y después hay situaciones más concretas: hemos tenido drones en casas de colegas; en mi caso se han metido en mi casa y me han robado la computadora. A otro colega le pasó lo mismo. Hay diferentes situaciones que van configurando un estado de situación.

—¿El punto más alto de las tensiones llega ahora con el estado de excepción?

—Bukele cuenta con mayoría en la Asamblea Legislativa desde las elecciones de 2021 y puede conseguir todo lo que necesita. A finales de marzo tuvimos tres días con más de 70 personas asesinadas, algo que no habíamos visto en la historia reciente, incluso comparando con 2015 que fue uno de los años más sangrientos. El 26 de marzo, Bukele le pidió a la Asamblea Legislativa que apruebe un régimen de excepción para enfrentar la denominada "guerra contra las pandillas". En ese marco aparece una reforma muy complicada para el periodismo, porque se aprobó una “ley mordaza” que básicamente prohíbe la difusión de cualquier mensaje que presuntamente venga de pandillas. Es una ley tan ambigua que nos genera mucha preocupación, porque no sabemos cuándo y quiénes van a determinar que lo que hemos publicado está generando “zozobra” en la población, que es el término que se utiliza. No tenemos claro en cuáles casos estamos expuestos, y hablamos de penas que tienen condenas de entre 10 y 15 años para los periodistas. Por ejemplo: ¿qué pasa con la información que tenga como fuente, no a las pandillas, pero sí a voceros de una comunidad que hablan sobre control territorial? Si a ellos se les antoja decir que esto genera zozobra, pasa a ser un riesgo dar esa información. Pero la triste verdad es esa: en este momento, reportar sobre pandillas en El Salvador es un delito.

—Otro hito en esta etapa de “escarnios” fueron los ataques de Bukele al investigador Juan José Martínez.

—Es parte de la misma estrategia. Recién te decía que los ataques en redes sociales vienen de trolls, pero el impulso original se lo dan funcionarios públicos que apuestan al escarnio público. Atacan directamente al mensajero y buscan deslegitimar a las personas y su trabajo. Tratan de llevar las cosas a un punto tal que todas las personas puedan dudar de lo que hacemos. En el caso de Juan José, comenzó a viralizarse un video en el que aparece hablando sobre las pandillas. Eso generó una retórica muy fuerte de los funcionarios, que empezaron a tratarlo como a un pandillero. Lo tacharon de pandillero y esa fue la opinión pública que quisieron instalar, que a Juan José se lo identificara con un pandillero, mediante la edición del video. Él tuvo que salir del país porque lo quisieron exponer para poder meterlo en la cárcel, o sea que corría peligro. A eso nos estamos enfrentando. El presidente de la Asamblea Legislativa dijo que los periodistas andan "buscando asilo". "A ustedes no los necesitamos, váyanse", dijo hace unos días. Es una situación muy grave, y lastimosamente una parte importante de la población sigue respaldando la gestión de Bukele, sin darse cuenta hacia dónde nos está llevando. Es muy riesgoso hacer periodismo hoy en El Salvador. Este país se puede quedar sin periodismo, que es lo que puede sacar a luz la corrupción, no solo de este gobierno, sino de otros anteriores también. La diferencia es que este gobierno tiene a todo el sistema a su favor, tiene lo que necesita para poder criminalizar al periodismo. Los riesgos para los periodistas son mayores.

¿Por qué Bukele mantiene niveles de popularidad tan altos?

— Es un poco triste, porque buena parte de la población que lo apoya es gente que ha estado desencantada con la política salvadoreña. Idealizan su persona, lo ven como un redentor y tiene esperanza de que va a generar un cambio real. Entonces todo aquel que hable mal de ese personaje pasa a ser una especie de enemigo, y eso es lo pasa con el trabajo periodístico. Creo que debemos acercarnos más a la población, saber qué les ocurre en el día a día. Lo que hemos visto en estos días con las detenciones durante el régimen de excepción muestra que mucha gente poco a poco se ha dado cuenta del rol que cumplen los periodistas, porque han podido denunciar sus casos. Lo mismo podría decir de las redes sociales, que han servido para que muchas personas terminen liberadas. De todas maneras hay mucho miedo de hablar, no solo entre nuestras fuentes, sino en gente común, que de pronto quisiera denunciar algo, pero sabe a qué atenerse. Pero creo que hay pequeños cambios, que pueden reconciliar a la población con el periodismo, al menos para que haya más tolerancia.

—¿Sienten que hay intolerancia hacia el periodismo en la población?

—Es que el discurso de odio, cuando es sistemático, termina llegando. Cuando vamos a comunidades y decimos que somos de El Faro o de cualquier medio que Bukele ataca, enseguida nos acusan de mentirosos o de que atacamos siempre al presidente. Uno tiene que lidiar con esas situaciones de la manera más respetuosa, sin salirnos de la línea. Pero es algo que Bukele ha trabajado muy bien, ha instalado un discurso de odio en el que todo el que no está con él es su enemigo. En estos tres años en la presidencia, un objetivo central ha sido acallar las críticas y reprimir todas las voces disidentes, el periodismo entre ellas. Pero también organizaciones de la sociedad civil, activistas o gente que maneja estructuras territoriales.

—¿Qué puede pasar en los próximos meses?

—Es súper triste lo que puede pasar. Con la ampliación de 30 días del estado de excepción continuarán las capturas, muchas de estas arbitrarias, lo que se confirma en esos casos de personas que han quedado libres horas después, por presión en redes sociales. Creo que la situación más difícil se viene con los procesos judiciales. Las personas que han sido detenidas no tienen derecho a la defensa debido al estado de excepción, que limita cuatro garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la defensa. Los defensores no tienen acceso a los expedientes ni a las personas detenidas. Nuestro sistema de justicia ha estado saturado por años, y ahora estamos hablando de un sistema desbordado.

Para que estas personas puedan demostrar su inocencia, antes van a pasar mucho tiempo en la cárcel. Vamos a ver cárceles saturadas. La situación para los jueces tampoco es buena, porque van a querer dejar libres a las personas inocentes y eso los va a exponer a posibles remociones de sus cargos.

Sabemos que el 26 de marzo se rompió algo. Todavía no sabemos bien qué se rompió. Probablemente sea solo el inicio de lo que vamos a comenzar a ver más adelante. Bukele está utilizando una medida de represión que ya ha sido utilizada antes, las redadas son algo muy común, sobre todo en las comunidades más pobres. Aplica la misma fórmula, en un Estado que siempre ha sido represivo. No parece ser un buen camino.

—¿Cuáles son las cosas que todavía falta saber? ¿Hay alguna hipótesis?

—Hoy tenemos solo algunos elementos que nos llevan a pensar que algo se rompió, por cómo se disparó el número de personas asesinadas de un día para el otro. También porque uno de los cuerpos asesinados fue lanzado en uno de los proyectos más emblemáticos de Bukele, en Surf City, que son unas playas en donde se mueve mucho la comunidad vinculada al bitcoin. Allí lanzaron un cuerpo amarrado, creemos que eso fue un claro mensaje que le querían dejar a Bukele, como para decir "aquí estamos". Ese fin de semana hubo un encuentro de Bukele con la comunidad bitcoiner, estuvieron todos esos días juntos, pensamos que también eso tuvo que ver. "Aquí estamos y queremos negociar algo más", parecería ser el mensaje. Lo que está claro es ellos tienen las llaves para abrir las válvulas y le quisieron dejar claro que las pueden abrir en cualquier momento. Y eso fue lo que hicieron. Por eso Bukele también quiso reaccionar con una demostración de miedo. En el fondo las dos cosas terminan dando miedo. Esto ya ha ocurrido antes y no ha llevado a nada bueno.

—Recién hablabas de arbitrariedades en las detenciones. ¿Hay muchos casos?

—En su mayoría son detenciones en comunidades marginales, pobres. Muchas de estas personas son estudiantes universitarios y tienen empleos formales. En algunos casos, sus entornos empezaron a denunciar en redes sociales "lo conozco, sé que es una buena persona y no es pandillero". Luego de tanta presión los dejan libres, confirmando que hubo un error en la detención. Pero los liberan dolo si hay presión

—¿El gobierno mide mucho los impactos negativos en redes sociales?

— Sin dudas, definitivamente. Lo que pasa es que Bukele apeló a una policía y a un ejército que han estado muy acostumbrados a reprimir y ahora, más que nunca, están deteniendo a cualquiera, por el simple hecho de estar en el lugar, de vivir en una comunidad. Hace unos días liberaron a un joven que es estudiante de Ingeniería. Lo detuvieron y la familia empezó a divulgar información sobre él. Hace unas semanas pasó también que unos jóvenes venían de trabajar de un café, los detuvieron y los expusieron como pandilleros, dijeron que el dinero que tenían era “la extorsión del día”. Lo único que comprobaron es que alguno tenía tatuajes, pero no tenían nada que ver con pandilleros. El dueño del café empezó a poner cosas en Twitter, dando fe que trabajaban con él, y luego los dejaron en libertad. ¿Pero qué pasa con el daño que queda para la persona que ha sido expuesta? No están midiendo esas cosas, miden solo lo que pasa en la opinión pública. Siempre han existido historias de que Bukele controla algunos trolls centers, pero no lo sé sinceramente. Lo que sí es evidente es que si mirando cómo se mueve en el día a día, responde mucho a lo que va sondeando en opinión pública. Si algo no lo favorece, cambia de estrategia. O pone algo más fuerte en la agenda para tapar un tema y que se empiece a hablar de otro.

—¿Cómo piensan seguir adelante con el proyecto de El Faro?

— Estamos conscientes de la importancia de cuidar al equipo y de la necesidad de cuidar a nuestras fuentes. A partir del episodio de Pegasus empezamos a tomar medidas sobre cómo llevar adelante nuestras comunicaciones de una manera más segura, sin exponer a nuestras fuentes. Las empezamos a citar en espacios más cerrados, en Airbnb o incluso fuera del país si es necesario. Tenemos claro que ellos están propiciando que los periodistas se vayan del país. Al final creo que lo que necesitamos es seguir informando, y es cierto que no importa desde dónde lo hagamos. Es parte de las medidas que se están considerando dentro del periódico, analizando si es necesario sacar gente del país. Y no solo nosotros, la asociación de periodistas de El Salvador también ha estado muy abierta a apoyar cualquier movimiento de emergencia con los periodistas que están siendo más atacados.