En México, el derecho a la reparación del daño y a la rehabilitación de las víctimas de tortura está reconocido en el marco legal, pero no está plasmado en programas institucionales ni en modelos de atención a los afectados de manera específica, por lo que no se cumplen los estándares de la Organización de Naciones Unidas, sostuvo el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad en México. Por tanto, consideró, “el Estado viola el derecho de las víctimas a la reparación”, lo cual agrava las secuelas de estos actos.
Al presentar el informe El derecho a la rehabilitación en México, el colectivo expuso como ejemplo que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 reconoce la crisis en la materia en el país, pero no se ha desarrollado una política pública como parte de dicho programa.
En conferencia de prensa para presentar el documento, Fernando Valdez, del colectivo, recalcó: “Hemos observado no sólo la actitud omisa de autoridades ante este tipo de casos, sino también fallas estructurales que sostienen la impunidad y, por lo tanto, imposibilitan el debido acceso de los sobrevivientes a la reparación del daño y a la rehabilitación”.
A la vez, agregó, se han corroborado las dificultades de los sobrevivientes para que se reconozcan los actos en su contra y tengan acceso a una reparación.
Mariana Castilla, también de esta agrupación, aseveró que es necesaria la creación de programas y políticas públicas dirigidas específicamente a las víctimas de tortura, con base en los diagnósticos realizados incluso en el Programa Institucional 2020-2024 y el Modelo de Atención Integral a Víctimas de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como en evaluaciones de organizaciones expertas y experiencias de sobrevivientes.
Subrayó la urgencia de definir programas nacionales de rehabilitación para que los sobrevivientes de tortura tengan acceso al apoyo médico, sicológico, social y legal al que tienen derecho y necesitan para reconstruir sus vidas, ya que no hay en las entidades programas específicos con este propósito.
Adelantó que está próximo a publicarse el Programa Nacional contra la Tortura, que deberá convertirse en una herramienta que abone a la investigación, sanción, reparación, coordinación y generación de información que permita impulsar el derecho de las víctimas a la reparación.
