Washington. Estados Unidos lidia con un sistema migratorio “roto”, dijo ayer el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien quiere más agentes fronterizos ante la ola de migrantes que podría empeorar cuando se levante la norma sanitaria que permite expulsar a casi todos.

En tanto, el juez federal Robert Summerhays ordenó suspender por dos semanas los preparativos para rescindir la norma migratoria Título 42, que niega a los indocumentados la posibilidad de solicitar asilo con el argumento de evitar la propagación del covid-19, y planteó dudas sobre el plan del gobierno del presidente Joe Biden de levantar totalmente esas restricciones contempladas el 23 de mayo.

“Heredamos un sistema roto y desmantelado que ya está bajo presión. No está diseñado para administrar los niveles y tipos de flujos migratorios actuales”, afirmó Mayorkas ante el subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

El secretario creó un plan para aumentar el personal fronterizo, arremeter contra los traficantes de personas, incrementar la capacidad de arresto de aquellos que no son aceptados en territorio estadunidense, ayudar a las ONG que se ocupan de los solicitantes de asilo y acelerar el procesamiento de esos casos para reducir a menos de un año el tiempo que tarda un migrante en recibir el asilo. Actualmente el promedio es de entre seis y ocho años.

Mayorkas reiteró su desacuerdo con los Protocolos de Protección al Migrante, conocido como el programa Permanece en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos del otro lado de la frontera, y que el gobierno de Biden se ve obligado a mantener por decisión judicial. La Suprema Corte analizó esta semana si permiten al jefe de la Casa Blanca rescindir ese programa; se espera la decisión para el verano.

Violencia en el programa Permanece en México

Manifestó haber recibido un informe que da cuenta de “más de mil 500 incidentes de asesinato, violación, tortura y otros delitos cometidos contra personas que estaban sujetas al programa Permanece en México”.

Por otra parte, desde que el Título 42 se empezó a aplicar, en marzo de 2020, cuando el republicano Donald Trump estaba en el poder, se han registrado más de 1.7 millones de expulsiones de migrantes. Algunos han sido deportados varias veces.

La decisión de abandonar esta medida fue tomada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que estiman que “ya no es necesaria”, conclusión rechazada por congresistas republicanos y demócratas de los estados fronterizos.

Si se revoca esta norma los migrantes podrán solicitar una entrada humanitaria bajo el Título 8, lo que favorecerá el ingreso de miles de migrantes a quienes se les permitiría quedarse mientras se examinan sus solicitudes.

Por ahora, el fallo del juez Summerhays es sólo un revés temporal para el gobierno, y adoptó una postura muy favorable a Luisiana, Arizona y otros 19 estados que demandaron para preservar el Título 42.

“(Los estados) han establecido que existe una amenaza sustancial de daños inmediatos e irreparables resultantes” del levantamiento del Título 42, incluyendo costos irrecuperables en atención médica, aplicación de la ley, detención, educación y otros servicios para los migrantes, escribió Summerhays, juez de distrito en Lafayette, Luisiana.

El letrado, nombrado por Trump, añadió que es probable que los estados tengan éxito con su argumento de que el gobierno no se adhirió a los procedimientos federales cuando anunció el pasado día 1° que daría fin a la norma migratoria.

Se tiene programada una audiencia crucial el 13 de mayo en Lafa-yette para escuchar argumentos sobre el Título 42.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dio cuenta de 7 mil 800 detenciones de indocumentados por día a lo largo de la frontera con México en las últimas tres semanas, casi cinco veces el promedio de 2014-2019, antes de la pandemia.