Una larga disputa por el control de la cooperativa Cruz Azul, propiedad de una de las principales empresas sociales del país, se saldó con ocho personas muertas y 12 heridas en un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos ocurrido ayer por la mañana; seis murieron por heridas de arma de fuego y dos por golpes. Hay nueve detenidos que fueron llevados a los separos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), informó esa institución.

La cooperativa Cruz Azul, propietaria también del equipo de futbol, de un hotel en Ixtapa, Guerrero y del Centro Educativo Cruz Azul, abastece 23 por ciento del cemento que consume el país; además, produce 30 mil toneladas de concreto al día en sus fábricas ubicadas en Hidalgo, Aguascalientes, Puebla y Oaxaca.

La Cooperativa Cruz Azul está compuesta por más de 700 integrantes, según datos de la misma empresa. Sólo la planta de Jasso, municipio de Tula de Allende, es la fuente de empleo de mil 300 trabajadores en esta región del estado, donde el próximo 6 de junio se elegirá gobernador.

Una de las facciones que pelean la dirección de la cooperativa son los De la Resistencia, a quienes se identifica como partidarios del ex presidente de la empresa Guillermo Billy Álvarez y de Federico Sarabia, actual presidente del consejo de administración.

El otro bando son los autodenominados Socios por la Transparencia, conocidos como “los disidentes”, encabezados por José Antonio Martín y Víctor Velázquez, principales detractores de Billy Álvarez.

El gobernador priísta Omar Fayad Meneses condenó la violencia suscitada en uno de los accesos a la planta industrial de la Ciudad Cooperativa y reportó que los lesionados fueron hospitalizados.

Alrededor de las 4:30 de la madrugada, un convoy de 15 microbuses arribó a la puerta 3 de la planta; de las unidades descendieron unos 500 sujetos armados con palos, tubos y armas de fuego, quienes intentaron irrumpir y ocupar la subestación eléctrica que abastece las máquinas que producen cemento.

De acuerdo con José Luis García Miranda, abogado del consejo de administración y vigilancia de la cooperativa, los “invasores”, del bando de Socios por la Transparencia, con ayuda de un vehículo, chocaron contra los accesos de la subestación y dañaron los equipos.

La planta era resguardada por trabajadores del grupo De la Resistencia, quienes tienen el control de las instalaciones y horas antes habían sido alertados del intento de incursión, por lo que se encontraban de guardia.

Miembros de ambas facciones se enfrentaron cuerpo a cuerpo con palos y tubos durante una hora. Hubo detonaciones de arma de fuego y tres vehículos estacionados fuera de la planta fueron incendiados.

Al no poder apoderarse de la factoría, el grupo abordó los microbuses y se marchó.

En la acera de la calle que conduce a la entrada de la cooperativa, precisó García Miranda, había al menos cinco cadáveres cerca de los automóviles quemados.

Fayad Meneses anunció que se buscará que las partes negocien. “He girado instrucciones a la Secretaría de Gobierno para que, en coordinación con la procuraduría, además de investigar estos hechos, se impulsen mesas de diálogo y evitar que se repitan acciones tan lamentables”.

Dos horas después de la refriega, elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la policía municipal de Tula acudieron para acordonar el perímetro del inmueble.

Horas después, en conferencia de prensa en la planta de Tula, integrantes de los consejos de administración y vigilancia de la planta de Cruz Azul señalaron como responsables de la violencia a José Antonio Marín y Víctor Velázquez, opositores a Billy Álvarez y Federico Sarabia.

Grupo disidente se deslinda

José Luis García Miranda, abogado tanto del consejo de administración, presidido por Federico Sarabia, como del de vigilancia, a cargo de Alberto López Morales, aseguró que ambos órganos están vigentes desde el 26 de agosto de 2019 y que, debido a amparos otorgados por jueces de distrito, han podido desempeñar sus funciones.

Destacó que están facultados para administrar la planta de Cruz Azul en Jasso y acusó que la facción disidente de José Antonio Marín y Víctor Velázquez, mediante “grupos de choque”, se han apoderado de diversas plantas concreteras en otros estados e incluso del edificio corporativo de la Ciudad de México sin tener ningún ordenamiento judicial.

Señaló que recientemente, con base en un fallo judicial, lograron recuperar este último inmueble y agregó que el intento de irrupción en Jasso fue para “despojar a los cooperativistas de su patrimonio”.

En tanto, el otro grupo, encabezado por José Antonio Marín y Víctor Velázquez, se deslindó en un comunicado de lo ocurrido en Jasso y puntualizó que las acciones emprendidas contra Federico Sarabia y Alberto López Morales, “quienes mantienen retenida la planta”, se han llevado a cabo por la vía legal para preservar la certeza jurídica y la integridad física de sus ocupantes.

“Este grupo disidente, además de ostentarse como presidente de los consejos de administración y de vigilancia, ha permitido el acceso a grupos de vándalos ajenos a las instalaciones, agrediendo y poniendo en riesgo a la comunidad.”