Ciudad de México. Con el objetivo de “reforzar los cambios contra la corrupción”, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) centralice la política general de contrataciones públicas y participe en negociaciones internacionales relacionadas con compras del sector público.

El Ejecutivo envió ayer a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que también asignaría a la Función Pública la coordinación de compras estratégicas y elaborar disposiciones que promuevan la participación de la proveeduría nacional.

En la exposición de motivos, el mandatario explicó que la centralización de las contrataciones públicas en la SFP tiene el propósito de “asegurar un adecuado uso de los recursos públicos con probidad y eficiencia”.

Como parte de los cambios planteados, se incluye transferir a la Función Pública la atribución que, desde el último día del sexenio pasado, tiene la Secretaría de Hacienda en materia de nombramiento, remoción, coordinación y conducción de los titulares de las unidades de administración y finanzas en los entes de la administración pública.

Tal medida no aplicaría a las secretarías de la Defensa, Marina, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Con ello se pretende que la SFP “tenga la capacidad de prevenir conductas indebidas durante el ejercicio del gasto, mediante el establecimiento de mayores atribuciones para prevenir prácticas de corrupción”, argumentó el Presidente de la República.

Además, indicó que desde un enfoque más preventivo que correctivo, es fundamental que la SFP se haga cargo de dichas unidades.

“Al erigirse como ente garante y rector de la política general en materia de contrataciones públicas, fortalecerá el acompañamiento y vigilancia del manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos”, abundó.

La Función Pública también contaría con atribuciones para el rediseño de la organización y funcionamiento de los órganos internos de control (OIC). Para ello, se considera que éstos sean agrupados por sector, materia, especialización o por ente público.

Al respecto, la iniciativa señala que si bien se prevé que los entes públicos deben contar con órganos internos de control, “se ha interpretado que cada ente debe tener uno, cuando la ley vigente permitiría que varios entes tengan un mismo órgano interno de control”.

Además, propuso reproducir la estructura de unidades de administración y finanzas –que a partir de este gobierno sustituyeron a las oficialías mayores– en el sector paraestatal.

“La reforma respeta la autonomía del sector paraestatal; sin embargo, resulta imperante su coordinación bajo la óptica de conducción austera en la esfera administrativa y el ejercicio del gasto con eficiencia y eficacia”, indicó.

De esta manera, se busca homologar la operación administrativa de las paraestatales, con objeto de que atiendan la política de austeridad republicana y el uso racional de los recursos públicos.