Por unanimidad, el Senado aprobó ayer la minuta para prorrogar cinco meses la entrada en vigor de la tercera etapa de la reforma laboral en materia de impartición de justicia, ordenamiento por el que desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la solución de los conflictos obrero patronales pasa al Poder Judicial.
La minuta se turnó al Ejecutivo federal para su promulgación, luego de un debate en el que el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, precisó que esa prórroga, solicitada por 11 estados, es necesaria, a fin de que todos los centros de conciliación locales y los tribunales de los poderes judiciales de esas entidades inicien actividades en forma simultánea el próximo 3 de octubre.
De acuerdo con la reforma laboral promulgada el 1º de mayo de 2019, esta tercera y última etapa debía concluir el 2 de mayo de 2022, pero se consideró que los días que faltan para ello no son suficientes porque “no existen en todas la entidades las condiciones financieras idóneas para iniciar simultáneamente con las autoridades federales”.
En tribuna, el senador Gómez Urrutia insistió en que la ampliación es necesaria a fin de que “los centros de conciliación y los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas lleven a cabo sus labores de manera correcta, y así garantizar que los mexicanos tengan acceso a una justicia laboral expedita y se respeten sus derechos plenamente”.
Recordó que los juicios que se llevaban a cabo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las juntas locales “se caracterizaron por burocracia excesiva, acompañada de actos de ineficiencia y corrupción que terminaban por retrasar la impartición de justicia y violentaban los derechos de la clase trabajadora”.
La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, llamó varias veces al orden, ya que había demasiado ruido en el salón del pleno. Pese a ello, el dirigente nacional del sindicato minero se pudo hacer escuchar y resaltó que esta reforma laboral corrigió la que Felipe Calderón remitió al Congreso “de manera cobarde a escasos días de que culminara su sexenio”.
Ejemplo de ello, aseguró, es que los centros de conciliación locales que empezaron a operar en las entidades que conforman la primera etapa de aplicación han admitido más de 93 mil solicitudes de conciliación, de las cuales han concluido con 83.7 por ciento.
“Lo anterior es prueba de la eficacia de conciliación que incorpora la reforma laboral que aprobamos. Además, en materia colectiva se han admitido 738 solicitudes, de las cuales 711 ya se concluyeron, lo que representa 96.3 por ciento del total. Ello es la prueba más notable de que los tribunales y jueces de lo laboral pueden hacer más expedita la impartición de la justicia, incluso con juicios orales”.
Las entidades que solicitaron la prórroga son la Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
