La simulación de pertenencia a una etnia con el fin de obtener una candidatura es un fraude prevaleciente en el país, de ahí la necesidad de tener reglas que garanticen la veracidad del origen indígena, advirtió Janine Otálora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En las pasadas elecciones federales (2018 y 2021) las autoridades electorales crearon las curules indígenas, en las que sólo puedan competir candidatos miembros de grupos originales.
Al inicio del análisis del tema, las autoridades electorales propusieron 12 distritos de este tipo y luego se avanzó a 13 y más adelante a 21, donde la población sea al menos 60 por ciento indígena. En términos electorales, México se divide en 300 distritos.
Durante el foro Participación política de los pueblos y comunidades indígenas, organizado por el TEPJF y la agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la magistrada Otálora se refirió a la importancia de este tema y de garantizar piso parejo, sin representaciones simuladas.
“Lo cierto es que estamos muy lejos de tener en el Congreso 25 por ciento de legisladores y legisladoras indígenas que acorde con la población indígena es lo que deberíamos de tratar”, señaló.
Planteó entonces el problema de la “autoadscripción calificada”, es decir, no sólo decir que se es indígena, sino comprobarlo, y el INE debe emitir lineamientos para este fin.
“El INE no lo hace, por ende, (en) 2018 y 2021 conocimos una serie de fraudes a la ley” en el que “personas que se autoadscriben como indígenas, pero que no cumplen con la autoadscripción calificada, acaban siendo votadas”, lamentó.
