Ciudad de México. La simulación de pertenencia a una etnia, con el fin de obtener una candidatura, es un fraude prevaleciente en el país, de ahí la necesidad de tener reglas que garanticen la veracidad del origen indígena, advirtió Janine Otálora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En las últimas elecciones federales (2018 y 2021) las autoridades electorales crearon las curules indígenas, donde sólo puedan competir candidatos miembros de culturas originales.

Para atender este rubro, el Instituto Nacional Electoral (INE) propuso de inicio 12 distritos de este tipo; posteriormente el Tribunal ordenó aumentar a 13 en aquellos con 60 por ciento por población indígena.

Durante el foro “Participación política de los pueblos y comunidades indígenas”, organizado por el TEPJF y la agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la magistrada Otálora se refirió a la importancia de este tema “porque si ponemos a competir en un mismo distrito a candidaturas indígenas y candidaturas no indígenas, el piso ya no es parejo y la representación se vería finalmente simulada”.

El año pasado estos distritos aumentaron a 21 donde, además, se tiene que respetar el principio de paridad en la candidaturas.

“Lo cierto es que estamos muy lejos de tener en el Congreso un 25 por ciento de legisladores y legisladoras indígenas que acorde con la población indígena es lo que deberíamos de tratar”, señaló.

¿Cuál es el problema que tenemos actualmente?, planteó, es el tema de la autoadscripción calificada.

El TEPJF ordenó al INE que no bastara con una inscripción simple de una candidatura indígena sino una calificada, por lo que en 2018 le ordena al organismo electoral establecer lineamientos para una autoadscripción calificada.

“El INE no lo hace, por ende, en 2018 y 2021 conocimos una serie de fraudes a la ley en el que supuestas personas que se autoadscriben como indígenas, pero que no cumplen con la autoadscripción calificada, acaban siendo votadas”, lamentó.

Por ello, añadió la magistrada, ya se emitió una orden con tiempo limitado al INE para que emita justamente estos lineamientos con tres elementos que podrían llegar a regular este asunto: nacimiento en un pueblo indígena, hablar una lengua indígena y, en su caso, residencia y servicio comunitario.

En cuanto a la construcción de esta participación política de mujeres y hombres indígenas, se refirió también a los aspectos operativos para no limitar este avance.

Puso como ejemplo que después de la candidatura de Mary Chuy, en 2018, a la elección presidencial, se evidenció la necesidad de agilizar la recolección de firmas para una candidatura indígena, particularmente en la Presidencia de la República, por lo que habrá que estudiar un mecanismo “para poder aportar los apoyos en papel y no a través de una App”.

En el foro participaron representantes de organizaciones nacionales y de otras naciones como Bolivia y Ecuador, quienes coincidieron en que pese a los avances en materia de representación indígena, particularmente en congresos y gobiernos locales, aun está lejos la meta, respecto al tamaño de la población de estos grupos.