El gobierno federal interpuso un recurso de impugnación al fallo del juez Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del juzgado primero de distrito en Yucatán, quien la semana pasada concedió la suspensión provisional contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya a los habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
Marco Aurelio Colín Hinojosa, apoderado legal del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) Tren Maya, y Nacional Financiera, como fiduciaria en el fideicomiso de la dependencia turística, fueron los encargados de interponer el recurso.
Ahora, el caso se turnará a un tribunal colegiado que en los próximos días determinará si confirma, modifica o revoca el fallo del juzgado federal.
Por su parte, el juez ordenó rendir el informe respectivo y hacer del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa que el acto reclamado sea cierto. Además, aplazó la audiencia incidental prevista para este lunes, ya que algunas autoridades señaladas como responsables no han rendido su informe, por lo que programó la diligencia para el 13 de mayo, cuando resolverá si otorga la suspensión definitiva.
Hace ocho días el impartidor de justicia concedió la suspensión provisional a los buzos de cavernas “a efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo 5 del proyecto Tren Maya, de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo”.
En su escrito, los quejosos dijeron ser un grupo de buzos profesionales y tener conocimiento que se modificó de última hora el trazo original de dicha ruta. Manifestaron que eso fue el resultado de una falta de planeación, conocimiento, precaución y estudios relacionados con el suelo de la zona, así como la carencia de estudios de impacto ambiental. Agregaron que conforme al trazo preliminar, el proyecto atravesará ríos subterráneos, ya que va de norte a sur y los afluentes corren de oeste a este.
Pero no sólo eso; en su momento argumentaron que hay una deforestación que se inició en Playa del Carmen, Río Secreto, Akumal y Tulum sin los estudios sobre el tipo de suelo, sin rescate de fauna y flora ni las manifestaciones de impacto ambiental.
También reclamaron los permisos, autorizaciones y trabajos que sustentan a la planeación, ejecución, operación y desarrollos de las actividades en este tramo, entre ellos el desmonte, “que reclaman porque afirman no existe correspondencia con el estándar más alto de protección al medio ambiente y al agua de las comunidades afectadas”.
Asimismo, reclaman “la falta de garantía de la participación pública en asuntos ambientales por el impacto que las obras tendrán en la selva maya, red de ríos, cenotes y el sistema de cuevas subterráneas del caribe mexicano”.
