Cuentepec, Mor., Los pueblos nahuas del occidente de Morelos se declararon “en alerta máxima” ante la explotación minera de oro que se cierne en la región. Les crece la convicción de que resistirán a la minería. El pasado fin de semana realizaron, junto con el Congreso Nacional Indígena (CNI), la Primera Asamblea del Pueblo Nahua de Morelos en Contra de la Minería y los Megaproyectos de Muerte en esta comunidad, ubicada en la región rural y montañosa del municipio de Temixco, más conocido como lugar de balnearios turísticos en su proximidad con Cuernavaca.

Este domingo, antes de dar a conocer un “decreto” mediante el cual prohíben la minería en sus territorios, en su declaración final describen suscintamente: “Dentro del territorio del pueblo nahua de Morelos, a 500 metros del Sitio Sagrado de Xochicalco, patrimonio de nuestro pueblo y de la humanidad, las empresas canadienses Alamos Gold y Zacatecas Silver intentan el desarrollo de un devastador proyecto minero, paradójicamente denominado ‘Esperanza’, para la explotación, en tajos a cielo abierto, de oro y plata”.

El proyecto “afectará en forma grave nuestras tierras y territorios ancestrales, los ecosistemas de la región, la subcuenca del río Apa-tlaco, la cuenca del río Amacuzac y el Acuífero de Cuernavaca, incluidas sus zonas de recarga hídrica y mantos freáticos, así como la vida y la salud de aproximadamente unos 200 mil habitantes que viven en las comunidades, colonias y municipios aledaños de San Agustín Te-tlama, Cuentepec, Unidad Morelos, Temixco, Xochitepec, Alpuyeca, Acatlipa, Xochicalco, Tezoyuca, Benito Juárez, Aeropuerto, Las Rosas, Francisco Villa, Xochitepec Centro, Miacatlán, Palpan, Milpillas, Xochicalco y Coatetelco”.

Pocas comunidades conservan a fondo la lengua originaria, pero la identidad nahua se ha reforzado en respuesta a los intentos de explotar el oro y la plata que pudiera haber en su subsuelo, autorizados sistemáticamente por las autoridades ambientales y los recientes gobiernos federales, incluido el actual. Cuentepec parece una excepción, pues en sus calles uno escucha el náhuatl hasta en boca de los niños. Por su parte, Coatetelco logró ser reconocido legalmente como municipio indígena.

A los pueblos nahuas se sumaron activistas del Istmo de Tehuantepec que luchan contra el Proyecto Transístmico, de la península de Yucatán, que se oponen al tren mal llamado “maya”, las aguerridas otomíes queretanas que ocupan las oficinas del INPI en la Ciudad de México, y particularmente los pueblos también morelenses que llevan años resistiéndose a la imposición del Plan Integral Morelos.

Preocupación mayor es la inminente nueva manifestación de impacto ambiental por parte de la Semarnat, cuya titular se ha negado a recibir a los indígenas que se oponen a la “Esperanza” de los inversionistas canadienses.

Las actividades mineras, concluyó la asamblea, se caracterizan por su “alto potencial destructivo de ecosistemas y poblaciones humanas cercanas a los sitios donde estas empresas se instalan”. Destacaron que algunos proyectos mineros “aplican técnicas altamente destructivas”, como los tajos para la extracción a cielo abierto. Mediante “toneladas de explosivos y maquinaria de tamaño descomunal; las empresas, en muchos casos, destruyen serranías completas”. Según cálculos de especialistas, por cada tonelada de tierra removida, “estas firmas normalmente obtienen apenas medio gramo de oro”. Ello significa que “para fabricar un solo anillo, se requiere remover siete toneladas y media de tierra”.

Muy emotiva y ceremonial, la asamblea nahua representa un paso adelante en las resistencias nacionales, algunas casi desesperadas, contra los grandes proyectos extractivistas y de infraestructura (suelen ir juntos) que en el actual sexenio no se han detenido ni, según anuncio presidencial, se detendrán.

Los indígenas sostienen que la destrucción del agua no es menos grave. “Montañas completas son excavadas y procesadas con agua concentrada con cianuro, elemento sumamente tóxico que separa el oro. Una vez cianurada la tierra, se depositan montañas de desechos en escolleras a la intemperie”. Para esta actividad, la empresa “tiene derecho preferencial a utilizar agua y electricidad que podrían abastecer a una ciudad de 200 mil habitantes”.

La actividad minera es conocida por los impactos negativos sustanciales en la calidad y en la disponibilidad de los recursos hídricos locales, añade el pronunciamiento. La reducción del nivel de aguas subterráneas puede incluir la eliminación de flujos de aguas superficiales, la degradación de su calidad y el beneficio de sus usos.

En su análisis, los indígenas estiman que “para el gran capital, 70 por ciento del territorio nacional tiene potencial minero, y 35 por ciento fue concesionado entre 2000 y 2010”, mediante más de 29 mil autorizaciones oficiales. “A marzo de 2019, las concesiones mineras vigentes eran 25 mil 607”, para una superficie de más de 22 millones de hectáreas.