Brasilia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, argumentó ayer que liberaría a “inocentes”, al defender su controvertido indulto a un aliado parlamentario condenado a ocho años de cárcel, a la vez que amenazó con incumplir una eventual decisión judicial sobre tierras indígenas.
“El decreto de la gracia es constitucional y será cumplido. En el pasado liberaban a delincuentes, nadie decía nada. Hoy yo suelto a inocentes”, dijo el presidente durante una visita a una feria de tecnología agrícola en Sao Paulo.
Daniel Silveira, un diputado bolsonarista por Río de Janeiro, fue condenado el miércoles pasado por el Supremo Tribunal Federal (STF) a ocho años y nueve meses de prisión y una multa por promover actos antidemocráticos.
Este ex policía, de 39 años, publicó por ejemplo un video en el que insultaba a los jueces de la corte suprema, esperando que fueran “apaleados en la calle”.
El mes pasado copó titulares al atrincherarse en el Congreso para evitar que la policía le colocara una tobillera electrónica.
Bolsonaro decretó el jueves pasado el perdón al diputado y alegó que la sociedad estaba “conmocionada” por el castigo a su aliado en el Congreso, pues éste “sólo hizo uso de su libertad de expresión”.
El presidente tiene la potestad constitucional de conceder el indulto, pero su decisión fue denunciada ante el STF por tres partidos de la oposición y un senador, con el argumento de que el perdón fue ilegal debido a que tuvo una motivación personal. El STF todavía no se pronunció al respecto.
Bolsonaro mantiene una relación muy tensa con el Supremo Tribunal, que abrió varias investigaciones en su contra, entre otras cosas, por difusión de noticias falsas.
Amaga con incumplir fallo sobre tierras indígenas
Paralelamente, el presidente amenazó ayer con incumplir una eventual decisión del STF sobre un juicio clave que podría afectar los derechos indígenas sobre centenares de tierras pendientes de demarcación.
Bolsonaro y grupos ruralistas defienden que los indígenas únicamente tienen derechos a tierras que ocupaban hasta 1988, cuando fue promulgada la Constitución de Brasil.
El relator del caso, el juez Edson Fachin, votó contra la propuesta apoyada por el mandatario en este juicio que será retomado en junio.
“Si él (Fachin) consigue la victoria sobre eso, puedo hacer dos cosas: entregar las llaves al Supremo o decir que no voy a cumplir. No tengo alternativa”, dijo.