La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, presentó una iniciativa de reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de este Delito, en Materia de Procesamiento de Casos de Trata de Personas, y destacó que su propuesta busca que estas prácticas violatorias puedan encuadrarse debidamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La senadora de Morena y ministra en retiro subrayó: “No cerramos los ojos ante este tema, las víctimas exigen que actuemos de manera unida y sin titubeos, sin colores y de manera urgente”. Esta iniciativa, detalló, se integró a partir del conocimiento y realidades de los juzgadores, porque son ellos los que aplican las leyes y en muchas ocasiones tienen dificultades para encuadrar este tipo de conductas con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Plantea modificar, entre otros, el artículo 28 de la norma referida y propone aumentar las sanciones penales en más del doble de lo que hoy se sancionan. Esto es, plantea prisión de 20 a 40 años y de 2000 mil a 30 mil días de multa, en lugar de la penal actual para quien comete el deleito de explotación sexual aprovechándose del matrimonio o concubinato, que es de 4 a 10 años de cárcel y multa de 200 a 2 mil días.
Asimismo, Sánchez Cordero, presenta en su iniciativa la adición de un artículo 29 Bis: “se impondrá pena de 25 a 45 años de prisión y de 2 mil 100 a 30 mil días de multa a quien, con la finalidad de explotar sexualmente a su pareja o descendientes de ésta, establezca alguna relación sentimental análoga bajo el engaño de construir una filia, independientemente de la edad de su pareja o de su descendencia.
La ministra en retiro, a través de redes sociales, refirió que la trata de personas con fines de explotación laboral/sexual es la esclavitud moderna. La trata con fines de explotación sexual implica deterioro físico, emocional, sicológico y personal de las víctimas.
Precisa la legisladora que México ha hecho muchos esfuerzos, pero desafortunadamente es muy difícil de encuadrar para procesar a los victimarios, por eso “busco mejorar leyes para hacer viable la judicialización de casos”.
Buscamos garantizar acompañamiento especializado efectivo a las víctimas, resguardo de identidad, apoyo físico, sicológico y jurídico, así como la obligación a la autoridad de recibir las denuncias por cualquier medio, físico o electrónico.
