Gracias especialmente a las organizaciones de la sociedad, cada vez se sabe más sobre los problemas que causan en México las empresas mineras nacionales y extranjeras, así como la forma en que han sido favorecidas por el gobierno. Los datos que ofrecen dichas organizaciones son alarmantes. Por ejemplo, tienen preferencia sobre las comunidades en el uso del agua, describen la contaminación y daños a la salud que ocasionan a quienes viven cerca de los yacimientos, y el severo efecto negativo al medio ambiente.
Según datos oficiales, hay vigentes 25 mil 267 concesiones mineras. La gran feria comenzó en el sexenio de Carlos Salinas, que otorgó 17 mil 267; el de Ernesto Zedillo, 11 mil 524; el de Vicente Fox, 15 mil 753; Felipe Calderón, 12 mil 864, y Enrique Peña, 5 mil 396. Por esas concesiones, las mineras imponen su ley en 21.3 millones de hectáreas, casi 11 por ciento de la superficie del país. La actual administración no ha autorizado ninguna en aras de conservar el medio ambiente.
La semana pasada, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la ley minera que declara al litio mineral estratégico. Su explotación, expropiación y aprovechamiento queda en manos del Estado. Se trata del oro blanco, muy preciado por su uso en las telecomunicaciones y el transporte, por ejemplo. Quedan pendientes por aprobar las que eviten que las demás explotaciones mineras no sean más causa de daños a la población y la naturaleza.
Precisamente esos dos temas se analizan detalladamente en La Jornada Ecológica de este mes. Gracias al apoyo de Leticia Merino y Cecilia Navarro, fue posible reunir el sentir de varias de las comunidades afectadas y mostrar el “otro lado” de la historia de ese próspero negocio en México. Se trata de grupos humanos que padecen sus efectos nocivos y no fueron informados ni consultados sobre su presencia en sus territorios. Ellos se movilizan y acuden a las instancias judiciales en busca de protección, en largos procesos que exigen recursos monetarios. Además, luchan contra el aparato gubernamental, cómplice de las mineras, y enfrentan el poder de los despachos de abogados a su servicio.
En el suplemento se describen casos emblemáticos de esa lucha: el de la comunidad nahua y ejido Tecoltemi, además de otras de la Sierra Norte de Puebla; la de Capulálpam de Méndez, en Oaxaca; de San Juan Huinzontla, en Michoacán; de Santa María Zapotitlán y las ocho comunidades que integraron la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio, en la Sierra Sur de Oaxaca; de los pueblos Mè’phàà y Na’savi, de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero; del Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica.
Se describen también algunos extremos, como la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora por parte del complejo minero Cananea, de Grupo México, uno en Coahuila, donde los cuerpos de 63 mineros permanecen abandonados después de 16 años en Pasta de Conchos, también de ese grupo, así como en los valles centrales de Oaxaca, donde la minera Cuzcatlán causa estragos ambientales y sociales. O en Mazapil, sede del proyecto Peñasquito, de Newmont, que agotó el agua y desplazó comunidades que tienen graves problemas de salud y violencia.
La razón central de estos procesos de destrucción, despojo y violencia que se exponen en el suplemento es la ley que establece que la minería es una actividad de utilidad pública, con acceso preferente al agua y la tierra. Son ocho los mayores abusos que propicia dicha ley y que generan los desplazamientos forzados por la inseguridad y la violencia. Eso ocurre en regiones de los estados de Guerrero, Michoacán y Sinaloa. Otro tema es el de la minería clandestina de mercurio en Querétaro. En resumen, la minería no es la panacea en los lugares donde se lleva a cabo. Por el contrario, ahonda la desigualdad y la pobreza de la gente y causa severos daños a los recursos naturales, en especial el agua.
Por si no fueran pocos todos los males que las mineras ocasionan y que los lectores pueden consultar en https://ecologica.jornada.commx/, agreguemos otros: son beneficiadas por el fisco a través de subsidios multimillonarios; recurren a “ingenierías fiscales” para reducir el pago del impuesto sobre la renta y, gracias a ello, por este concepto pagan una cuarta parte en comparación con una persona física y apenas la mitad que el promedio de los asalariados del país.
México, el paraíso de las mineras. Infierno para las comunidades agrarias.
