Madrid. Más de medio millar de personas exigieron ayer en la Cañada Real Galiana, un asentamiento irregular de viviendas, la mayoría habitadas por familias de origen gitano, que se reanude el suministro de la energía eléctrica después de dos años de no contar con el suministro
La Comunidad de Madrid, gobernada por el derechista Partido Popular (PP), junto con con la entidad pública Red Eléctrica Española (REE), dependiente del gobierno central, de la coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), y la empresa privada Naturgy, decidieron cortar la energía eléctrica ante las supuestas denuncias de fraude masivo y robo generalizado del servicio.
La Cañada Real Galiana es una zona de alta densidad poblacional ubicada a unos 25 kilómetros del centro de Madrid. También se le conoce como uno de los centros neurálgicos del tráfico de drogas a gran escala de la ciudad, sobre todo de venta al menudeo de heroína y mariguana. Desde hace dos años se cortó el suministro de la electricidad a dos sectores del asentamiento donde, según la policía española, se habían detectado y denunciado numerosos sistemas de robo de energía eléctrica, punto en el cual se encuentran los principales centros de venta de droga.
Asentamiento irregular cerca de Madrid
Más de 500 vecinos del asentamiento decidieron manifestarse para exigir que se reanude cuanto antes el suministro de luz, en una protesta que contó con el apoyo de la plataforma cívica Tabadol Sector 6, y en la cual también estuvieron presentes dirigentes de Unidas Podemos en la región, entre ellas la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y secretaria de Derechos LGTBI de Podemos, Ángela Rodríguez, y la vocera de Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto.
Rodríguez explicó que “es una violación a los derechos humanos en la que se da el mismo patrón; 90 por ciento de los afectados pertenecen a etnias y razas que sufren discriminación. Esto es racismo estructural”.
El problema del suministro en la Cañada Real Galiana impacta a más de 4 mil personas, entre ellas decenas de niños.
