Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –siempre al servicio de la mafia neoliberal– otorgaron concesiones mineras que ampararon alrededor de 44 millones de hectáreas, algo así como 22 por ciento del territorio nacional (si se suman las autorizadas de Salinas a EPN, entonces el acumulado es de 120 millones y 60 por ciento, respectivamente). En esta depredadora práctica, contraria al interés nacional, que sólo hizo más ricos a los barones de la minería y más pobres a los municipios de donde extraen la riqueza, el tal Borolas ocupa la primera posición, a Ernesto Zedillo le corresponde la medalla de plata y a Vicente Fox la de bronce. Saqueo garantizado desde Los Pinos.
Lo anterior viene a colación, porque La Jornada (Braulio Carbajal) documenta un capítulo de actualidad: “la concesión para explotar el mayor yacimiento de litio en México, ubicado en el estado de Sonora, fue otorgada durante el gobierno de Felipe Calderón por 100 años. La recibió un particular en 2010 y luego fue vendida en 2013, ya en la administración de Enrique Peña Nieto, a la firma Bacanora Lithium, según información oficial, que indica que el Proyecto de Litio de Sonora, que pertenece a la inglesa Bacanora Lithium y próximamente a la china Ganfeng Lithium, cuenta con siete concesiones mineras en el municipio de Bacadéhuachi, las cuales tienen un alcance de unas 8 mil hectáreas; la mayoría de estas licencias tienen vigencia de 50 años, lo que significa que vencerán en 2065” (renovables por medio siglo adicional).
Por cierto, en aquellos años fueron secretarios de Economía (institución responsable de las concesiones mineras) Gerardo Ruiz Mateos (compañero de fiestas de Calderón), Bruno Ferrari García de Alba (antes director del elefante blanco llamado Proméxico y servicial amigo de Alfonso Romo) e Ildefonso Guajardo Villarreal, ahora diputado tricolor, sobre quien pesa una denuncia por enriquecimiento “inexplicable”.
Ese es el panorama, aunque hay que considerar dos elementos: el primero, el ente dedicado (oficialmente) a evitar las concentraciones en la economía mexicana, es decir, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) autorizó… la concentración entre una empresa británica (que por esta operación obtuvo 400 millones de dólares) y otra china (que los pagó para quedarse con la mayoría accionaria), am-bas operativas en México, dedicadas a la minería, con los ojos puestos en la explotación del litio mexicano y sin concesión gubernamental para hacerlo. Sin duda, un éxito rotundo de la “autoridad antimonopolio”. El segundo, que la semana pasada el Congreso mexicano aprobó la iniciativa presidencial para modificar la ley minera, por medio de la cual se declara como de utilidad pública el litio y se reserva para el Estado mexicano su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento. Ello refuerza el anuncio presidencial de que no se otorgarán más concesiones mineras a particulares.
Gracias al régimen neoliberal y su política depredadora, el grupúsculo de barones autóctonos de la minería (Bailleres, Larrea y Slim), más los corporativos foráneos (especialmente los canadienses), se convirtieron en neolatifundistas, con extensiones mucho mayores a las registradas durante el porfiriato, al concentrar millones y millones de hectáreas para su beneficio y ninguno para el país y los mexicanos. A la par, en connivencia con el régimen prianista, se institucionalizó un descarado cuan redituable mercado negro de concesiones mineras (aunque el esquema también aplica en sectores como el petrolero y el eléctrico, por lo menos) no siempre explotadas con ese fin.
Los barones pagan centavos, si en realidad lo hacen, por millones de hectáreas de territorio nacional y las revenden a precios multimillonarios. De tiempo atrás, el dirigente minero y ahora senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia, ha denunciado que “muchas de estas concesiones no terminan en desarrollos mineros sino en desarrollos turísticos, habitacionales, de servicios o de cualquier otra actividad, porque si no encuentran fácilmente la disponibilidad de recursos minerales, derivan hacia otra actividad, pero se quedan con las concesiones mineras; es un acaparamiento brutal de tierra, otro saqueo a la nación y un encubrimiento descarado”.
Por ello, urge una nueva ley minera integral y no sólo que incluya del ya resuelto tema del litio.
Las rebanadas del pastel
La buena: perdió la ultraderechista Marine Le Pen; la mala: repite el derechista Emmanuel Macron.