El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, impulsa una reforma a la Constitución de ese estado “que representa un ataque al Poder Judicial” local, ya que se eleva de 11 a 17 el número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, que estarían 15 años en el cargo, además de pretender que los juzgadores que están ahora en funciones se retiren anticipadamente, con liquidaciones que costarán 80 millones de pesos, denunciaron senadores de Morena.
La intención del gobernador es colocar al frente de los encargados de impartir justicia a “amigos e incondicionales” que pasen por alto la corrupción en el estado y resuelvan litigios en favor de “la mafia inmobiliaria” que opera en Yucatán, comentó la senadora Verónica Camino Farjat.
Precisó que el panista Vila Dosal envió la iniciativa al Congreso local el pasado 8 de abril y de aprobarse (ya que cuenta con mayoría en el Legislativo y podría reunir las dos terceras partes de votos), vulnera gravemente la autonomía del Poder Judicial y los derechos de los magistrados.
En la actualidad, precisó, los magistrados son nombrados por un periodo de seis años, con la posibilidad de ratificarse por nueve más, lo que totaliza 15, pero en la iniciativa se elimina este paso y los juzgadores estarían en funciones esos tres lustros de corrido, sin importar su desempeño.
Se pasa además por encima de los magistrados del Tribunal Superior del estado, resaltó la senadora Camino Farjat, ya que la reforma pretende que los 11 integrantes actuales dejen el cargo, pese a que sólo tres concluyen este año. A los otros nueve se les presiona, ya que los artículos transitorios señalan que tendrán 60 días para irse y si aceptan, se les entregará más de lo que les corresponde como haber de retiro. De lo contrario, sólo recibirán lo equivalente a un año. Ello costará 80 millones de pesos, que tienen guardados en el presupuesto.
La senadora de Morena expuso asimismo que en la iniciativa se aumentan las causas de retiro forzoso de los magistrados. En lugar de hacerlo a los 75 años de edad, será a los 70, y deberán también retirarse luego de cumplir 15 años como magistrados. En caso de que tengan 25 años en el Poder Judicial, no podrán aspirar a una magistratura, porque sólo podrán estar 30 años en ese poder.
“Esto es un atentado contra el desarrollo profesional y los derechos humanos de quienes laboran en el Poder Judicial”, recalcó. Hizo notar que Vila Dosal tendrá la facultad de nombrar a 17 magistrados del Tribunal de Justicia y a los tres del Tribunal Electoral, y podrá así “pagar favores a los amigos” y blindarse al final de denuncias de corrupción.
Puso como ejemplo el litigio en el hotel Mayaland, que se ubica en Chichén Itzá, entre los dueños actuales, los Barbachano y la familia Rosas Moya, “muy apegada al gobernador”. Como ése hay muchos casos más. La senadora Farjat advirtió que debe frenarse esa “aberración” que pretende el gobernador contra la impartición de justicia.
