La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Estados Unidos a abstenerse de aplicar la pena de muerte impuesta a Melissa Lucio, estadunidense de origen mexicano condenada en Texas. En un pronunciamiento, subrayó que la mujer, de 53 años de edad, es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas mediante una resolución del 18 de febrero pasado, para proteger su vida e integridad personal.
Lucio se encuentra recluida en el llamado corredor de la muerte, en régimen de aislamiento, desde hace 14 años. Fue condenada en 2008 por un jurado del condado de Cameron, que la declaró culpable del asesinato de su hija de dos años. Su ejecución está prevista para el próximo miércoles 27 de abril y de concretarse sería la primera latina ejecutada en Texas.
La CIDH refirió que, mediante la Resolución 10/2022, también solicitó a Estados Unidos que se abstenga de ejecutar la pena de muerte hasta que la CIDH tenga oportunidad de pronunciarse sobre su solicitud, que se encuentra ante el Sistema de Peticiones y Casos de este organismo.
Asimismo, se pidió al estado que garantice condiciones de detención consistentes con los estándares internacionales, dando especial consideración a las condiciones personales de la beneficiaria y, por último, que adopte las medidas en cuestión de manera concertada con Lucio y sus representantes.
Tras el otorgamiento de dichas medidas cautelares, el estado indicó, el pasado 18 de abril, que éstas fueron enviadas al gobernador, Greg Abbott, y al procurador general del estado de Texas el 23 de febrero. Asimismo, señaló que la solicitud de información actualizada fue reenviada a las citadas autoridades.
La comisión recordó que, conforme a lo señalado en su informe “La pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: de restricciones a abolición”, las principales preocupaciones identificadas en relación con la aplicación de una condena de este tipo son el riesgo de ejecutar a personas inocentes, la arbitrariedad e injusticia en la aplicación de esta pena y el trato inhumano que caracteriza la permanencia en el corredor de la muerte.
En este sentido, llamó nuevamente a eliminar la pena de muerte o, en su defecto, a imponer una moratoria sobre las ejecuciones como un paso hacia su abolición gradual.
Igualmente, reiteró su recomendación dirigida a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los más estrictos estándares de debido proceso, incluyendo el deber de observar la perspectiva de género en casos que involucran la aplicación de esta pena, particularmente cuando existen antecedentes de violencia de género.
