Ciudad de México. “No me acuerdo”, fue la respuesta de René Gavira Segreste, ex director financiero de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le preguntó por qué compró de manera ilegal certificados bursátiles fiduciarios privados por 850 millones de pesos con recursos públicos.

Gavira está vinculado a proceso por haber “invertido” en la bolsa 100 millones de pesos de Liconsa, según notificó hace una semana la Fiscalía General de la República, pero, de acuerdo con la ASF, hizo lo mismo con otros 750 millones de pesos.

No está claro si alguien le autorizó los movimientos o si actuó por su cuenta. Los auditores de la ASF se lo preguntaron y él aseguró que recibió luz verde del ex titular de Segalmex Ignacio Ovalle, pero no probó sus dichos, según consta en la auditoría 330-DE realizada a Liconsa por la ASF como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2020.

Lo que sí está claro es que la falta de supervisión y de control en Segalmex permitió estas irregularidades.

Gavira Segreste es, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, una de las figuras centrales en la trama de corrupción que se ha vivido en Segalmex, organismo que tomó el control de Liconsa y Diconsa a principios del sexenio para garantizar el abasto de alimentos básicos en el país. Tan sólo en 2020, las posibles irregularidades en Segalmex y sus empresas ascendieron a cerca de 8 mil 600 millones de pesos.

Una de las conductas irregulares en las que está implicado Gavira es la compra de los certificados bursátiles privados, lo que contraviene la ley.

Entre febrero de 2019 y marzo de 2020, Gavira firmó oficios en los que ordenó la compra de los certificados por un monto de 850 millones de pesos a través de CI Casa de Bolsa, recursos que, como ha publicado este diario, fueron recuperados. Sin embargo, de acuerdo con la ASF, no se presentó evidencia de que todos los intereses que generaron estas “inversiones” –que tenían una tasa de rendimiento fijo anual del 11 por ciento– hayan sido depositados en las cuentas de Liconsa y al menos 10.6 millones de rendimientos no han sido ubicados.

Según consta en el informe de la auditoría 330-DE –una revisión de tipo forense en la que los auditores de la ASF buscaron a detalle posibles irregularidades y conductas ilícitas–, por casi dos años el dinero “invertido” estuvo “trabajando” en la bolsa sin que nadie pareciera haber detectado la anomalía.

Como parte de la auditoría, la ASF entrevistó a diversos servidores públicos. Uno de ellos fue el funcionario que relevó a Gavira cuando éste salió de Segalmex en julio de 2020, quien relató a los auditores que no fue sino hasta noviembre de ese año cuando Ovalle le encomendó rescatar los recursos invertidos.

Gavira también se entrevistó con los auditores de la ASF, que le pidieron explicar por qué compró los certificados. “No me acuerdo, yo seguí la sugerencia de mi tesorero”, sostuvo.

Los auditores le pidieron entonces que señalara quién decidió y autorizó las “inversiones” y que dijera si había evidencia documental de esas autorizaciones. “El director general autorizó las compras, no recuerdo el documento con el cual recibí esta autorización, pero recuerdo que verbalmente sí se autorizó”, dijo y señaló que también fueron autorizadas por el Comité Central de Inversiones y Operaciones Bancarias.

Su tesorero, que también habló con los auditores, lo desmintió. Negó haberle sugerido invertir y dijo que Gavira “decidió y autorizó las inversiones antes de que se hicieran del conocimiento” del citado comité.

Según el informe de la ASF, Liconsa no contaba con mecanismos para evitar estas irregularidades, por lo que le recomendó implementarlos. No obstante, hasta febrero, la empresa no lo había hecho.