Al confirmarse la intervención directa de cabilderos en las cámaras de diputados y senadores, a fin de proteger los intereses de empresas del sector energético y tabacalero, entre muchos otros, como sucedió recientemente en la discusión de la reforma eléctrica, “se debe establecer claramente su regulación, y dejar en claro a los legisladores que existe el conflicto de interés”, denunciaron organizaciones civiles.
Al presentar un documento breve para difundir entre los integrantes de dichos recintos qué es el conflicto de interés, así como las sanciones en que pueden incurrir –pues se considera una falta administrativa grave para funcionarios públicos, legisladores o jueces, que pueden ser castigados con hasta 20 años de inhabilitación–, también se difundió la plataforma ciudadana www.contraconflictodeinteres.org, en la que se pueden hacer denuncias.
En videoconferencia, Adriana Rocha, directora de asuntos legislativos y sociedad civil en Polithink, destacó que esa circunstancia “se produce cuando los intereses privados, ya sea financieros, personales o cualquier otro tipo o compromiso ajeno a las responsabilidades del puesto que desempeña, interfieren en la capacidad de un funcionario, investigador o profesional para actuar con imparcialidad, de manera justa y desempeñar sus funciones”.
El documento, agregó, busca “explicar de forma sencilla a los legisladores qué es el conflicto de interés, qué situaciones son consideradas de esta manera, qué momentos pueden derivar en un problema a este respecto y qué se puede hacer para evitarlo”.
En tanto, el senador Ernesto Pérez Astorga anunció que en el próximo periodo ordinario de sesiones del Senado presentará una iniciativa sobre el conflicto de interés, a fin de mejorar la práctica parlamentaria y que las actividades como el cabildeo estén debidamente reguladas en el Poder Legislativo.
Indicó que en todas las legislaturas, aunque en particular en los últimos meses, se han constatado diversos casos en la discusión y decisiones que ha tomado el Poder Legislativo.
Citó el caso del debate por la minuta de espacios cien por ciento libres de humo y eliminación de la publicidad, así como en la reciente discusión sobre la minuta de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, particularmente en lo referente a los nuevos productos de tabaco y nicotina.
Erick Antonio Ochoa, de Salud JustaMX y Miguel Ángel Toscano, ex legislador y director del colectivo Reflexiona con Responsabilidad, destacaron el grave costo social que puede generar el conflicto de interés, pues las grandes empresas tabacaleras y de diferentes sectores ofrecen comidas, viajes con todos los gastos cubiertos a los legisladores, a quienes incluso “se los han llevado a viajar por el mundo para seguir las competencias de la Fórmula 1, a fin de incidir en sus decisiones legislativas”.
