Cuernavaca, Mor., Nueve casos de trata de personas han sido documentados en lo que va de la administración estatal encabezada por Cuauhtémoc Blanco Bravo desde el 1º de octubre de 2018, según cifras del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional (SESNSP).
Familiares de víctimas y activistas consideraron que las estadísticas de ese delito y el de feminicidio se quedan “muy cortas”, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) y las autoridades “hacen como que no miran. No prevén la comisión de este ilícito, no lo investigan ni sancionan”.
En entrevista, Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, aseguró que la FGE, que encabeza Uriel Carmona Gándara, no cuenta ni siquiera con personal calificado que sepa manejar e integrar una carpeta de investigación.
Expuso que otro problema en el caso de las desapariciones de mujeres, es que en muchos casos se inician por el delito de privación ilegal de la libertad y no como trata.
“La carpeta de investigación por el delito de trata de personas se inicia hasta que a algunas (de las víctimas) las logramos rescatar, y si se pueden presentar, rinden su declaración”.
En su opinión, las cifras oficiales del delito de trata, de nueve casos en tres años y cinco meses en Morelos, no es reflejo de lo que sucede en la realidad y citó el ejemplo de la desaparición y feminicidio de Evelin Afiune Ramírez, donde, según la FGE, se detectó el cual red de trata de jóvenes que las contactan por Facebook “ofreciéndoles empleo”. Subrayó que es muy grave que los responsables de este ilícito continúen libres y los casos permanezcan impunes.
Por su parte, Angélica Rodríguez, madre de Viridiana, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien desapareció en 2011, lamentó que la trata de personas vaya en aumento en la entidad. Recordó que cuando se exhumaron 119 cuerpos de las fosas la FGE que tenía en el poblado de Tetelcingo (2016), algunos eran de mujeres que no habían sido identificadas, y que habían sido secuestradas de hoteles o moteles del estado.
Juliana García, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, dijo que “prevalece la impunidad, la negligencia” de parte de las autoridades estatales”.
Señaló que la alerta de violencia de género es "un buen mecanismo" pero que no "funcionan" los funcionarios que están al frente de las distintas dependencias estatales y municipales.
