Ciudad de México. Para poner en práctica de manera efectiva el Acuerdo de Escazú, “hay que atajar la impunidad” en los asesinatos y agresiones contra defensores ambientales, y para ello “es urgente” que México aplique una política pública integral de protección para garantizar que realicen su trabajo sin riesgos, aseveró Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

En el marco de la primera Conferencia de las Partes (COP1, por sus siglas en inglés) del Acuerdo de Escazú, señaló que se trata de impulsar una política preventiva para evitar que se den casos de asesinatos, amenazas, ataques y hostigamientos contra las personas que defienden el patrimonio natural de México.

Afirmó que en el 90 por ciento de los casos o más “no hay ninguna persecución, seguimiento o investigación”. El activista indicó que 2021 fue el más violento para los defensores ambientales desde 2014, pues se registraron 25 asesinatos y 108 agresiones de distintos tipos.

El Acuerdo de Escazú –del que México es signatario, depositó ante Naciones Unidas en enero de 2021 y que entró en vigor tres meses después– pretende garantizar el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en asuntos del medio ambiente. La relevancia de este tratado regional radica en que es el primero en el mundo que aborda el derecho a la protección a defensores ambientales.

Alanís explicó que este instrumento –firmado por 12 países y conformado por 26 artículos– es vinculante para México al ajustarse al artículo 133 constitucional, que establece tres requisitos fundamentales: que sea acorde a la Carta Magna, que el acuerdo esté suscrito por el Ejecutivo federal y lo apruebe el Senado de la República, lo cual “se cumple” y convierte al acuerdo en “una ley nacional”.

Aunque se ha vuelto cada vez más riesgosa la defensa medioambiental, Alanís enfatizó que el Acuerdo abre una oportunidad de trabajar en temas de justicia, información y participación en la toma de decisiones ambientales, pero también, subrayó, para que los defensores ambientales puedan tener un “mejor entorno, libre, seguro sin riesgos e intimidaciones para poder hacer su trabajo adecuadamente”, de acuerdo con el artículo 9 del instrumento.