Senadores de oposición presentaron una nueva acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora contra las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), que norman la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias de personas presuntamente involucradas en algún ilícito.
Para los senadores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, que promovieron la impugnación, se limitó el derecho para la defensa de quienes ven sus cuentas aseguradas por una investigación de la UIF.
El juicio constitucional quedó registrado en el máximo tribunal con el número 58/22 y combate en específico el decreto publicado el 11 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se modificó la denominación de un título y se añadió un capítulo a la LIC sobre la garantía de audiencia para los incluidos en la lista de personas bloqueadas.
Esto se refiere a los titulares de las cuentas congeladas cuando se “cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados”, señala la ley.
Durante el examen de esta iniciativa en la Cámara de Diputados y en el Senado, originalmente se había modificado la LIC para obligar a la UIF a notificar en persona y por escrito a los titulares de las cuentas que bloqueara; sin embargo, finalmente esta responsabilidad se dejó a los bancos, como se señalaba desde el principio.
En meses recientes, los senadores de oposición han presentado a la SCJN media docena de acciones de inconstitucionalidad contra leyes y acciones del gobierno federal, como la Ley de Hidrocarburos, el acuerdo presidencial sobre proyectos prioritarios y la Ley de la Industria Eléctrica, las cuales todas han sido desechadas o desestimadas.
