Familiares, amigos y colaboradores de José Manuel Del Río Virgen, se presentaron de nuevo –ayer– afuera de Palacio Nacional para pedir audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador y exponerle que el proceso contra el veracruzano es un caso de justicia selectiva.
La lista de argumentos de descargo, presentados por el abogado Jaime Téllez Hernández, comienza con la denuncia de que la investigación no cuenta con una sola prueba sólida que incrimine al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ni se le ha respetado el derecho de audiencia, tampoco fue citado por el fiscal investigador para conocer el procedimiento, y tener posibilidad de defenderse.
El reclamo de la familia se funda en que se violaron las garantías de éste, consideradas en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y violentando los derechos de mujeres y niños, plasmados en la Convención de los Derechos de la Mujer y Convención de los Derechos del Niño.
Así, fue puesto a disposición del juez de control Francisco Reyes Contreras el pasado 22 de diciembre, quien el 28 del mismo mes, resolvió su situación jurídica, señaló que la fiscalía no tenía pruebas que lo involucraran en el delito, sin embargo, fue vinculado a proceso por homicidio doloso calificado.
Ante eso, la defensa de del Río Virgen interpuso el juicio de amparo 49/2022, correspondiendo su conocimiento al juez del juzgado décimo séptimo de distrito en el estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien de inicio le concedió la suspensión provisional el 20 de enero de este año, y posteriormente la suspensión definitiva el 27 del mismo mes.
