Al hablar de desaparición forzada viene de inmediato la imagen de Rosario Ibarra de Piedra, la incanzable luchadora por la presentación de los desaparecidos de la guerra sucia, la creadora del lema universal: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! Su ausencia es ocasión para reconocer que evitó la muerte de múltiples desaparecidos y logró la liberación de muchos presos políticos.
Rosario, una mujer tesonera y sin odio, quien inspiró a la Comisión Presidencial para la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, que encabeza Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, cuyos miembros son: Abel Barrera Hernández, David de Jesús Fernández Dávalos, Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Alonso Pérez Ricart; tal como afirman en su esquela “su exigencias sobre el paradero de su hijo y de cientos de desaparecidos a lo largo del país, su incansable luchar por la verdad durante más de 50 años, es la fuerza moral que empuja nuestros trabajos y retomamos su ejemplo hasta alcanzar verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
Tres días antes del lamentable fallecimiento, el 13 de abril la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración presentó el informe sobre la visita a México del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED).
Entre las principales medidas adoptadas por el Estado mexicano, el CED reconoce: la Ley General en Materia de Desaparición y la Ley General de Víctimas; el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; la creación del Sistema Nacional de Búsqueda; la creación de Comisiones Locales de Búsqueda y de algunas Fiscalías Especializadas; el Protocolo Homologado de Búsqueda y el Protocolo de búsqueda de niñas, niños y adolescentes; la creación de centros de identificación humana con enfoque masivo: Coahuila y San Luis Potosí, así como la iniciativa para crear el Centro Nacional de Identificación Humana. La creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y su Grupo Coordinado; la Comisión Presidencial para el Caso Ayotzinapa; la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas entre los años 1965 y 1990; la creación del Mecanismo para el Acceso a la Justicia de las Personas Migrantes Desaparecidas; la creación de la Unidad de Contexto en búsqueda; las capacitaciones en búsqueda realizadas por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) así como la campaña de concientización sobre desaparición dirigida a niñas, niños y adolescentes; la incorporación de personas buscadoras al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas; y el reconocimiento del carácter vinculante de las acciones urgentes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras. Salvo la emisión de las Leyes de Desaparición y de Víctimas, todos los demás elementos que se reconocen al Estado mexicano se han construido y puesto en marcha en este gobierno.
Entre los señalamientos principales apuntan que la FGR no ha creado el banco nacional de datos forenses, el registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, ni el registro nacional de fosas comunes y clandestinas. Toman nota de la iniciativa presidencial que propone la creación del Centro Nacional de Identificación Humana y reconoce la creación del MEIF financiado con presupuesto federal. Y tal como fue destacado por el CED, el gobierno de México ha reconocido, desde 2018, la existencia de una crisis en materia de desaparición, de justicia y forense y, por primera vez, se han tomado medidas contundentes al respecto.
Como comentarios conclusivos consideran que se debe reconocer el papel de las víctimas y atender sus necesidades, reconoce las campañas realizadas por familias y por el gobierno federal, y que habría que desarrollar más campañas de sensibilización para evitar la estigmatización de las personas desaparecidas y sus familias. Valoran que el Estado mexicano esté abierto al escrutinio internacional y que continuará trabajando en la construcción de las políticas públicas, y de las familias de personas desaparecidas, que acatará el informe, destacando que existen medidas ya implementadas y que no fueron plenamente consideradas en el mismo. Y también valoran que la administración federal haga un llamado respetuoso a las diferentes instituciones y niveles de gobierno –fiscalías, entidades federaltivas, poderes Judicial y Legislativo– para tomar las medidas necesarias que impulsen una política nacional contra la desaparición de personas, dentro del contexto de sus competencias. Esto incluye, de manera estructural, una revisión del sistema de justicia para combatir la impunidad, así como a la normativa nacional para mejorar procesos –como el amparo–, y ampliar competencias de instituciones.
Aprovecho el espacio para difundir que la Comisión Nacional de Búsqueda difunde una liga, que puede ser anónima, para reportar la desaparición de una persona: https://youtu.be/zypb5oPRMHA
* Secretaria general del Conapo
Twitter: @Gabrielarodr108
