Debido a que autoridades judiciales han “paralizado” completamente el proceso jurídico en contra del Tren Maya que impulsan habitantes de comunidades de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, éstos presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de quienes resulten responsables por la omisión de impartir justicia pronta y expedita.
El consejo de la Judicatura se encarga de vigilar la disciplina y conductas de los funcionarios del Poder Judicial y cuyo presidente es el ministro Arturo Zaldívar, precisó en un comunicado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Indicó que las conductas del Poder Judicial han perjudicado el acceso a la justicia, la función jurisdiccional y los principios de profesionalismo, objetividad e imparcialidad que rigen el servicio público.
Recordó que desde el 21 de julio de 2020 se presentó la demanda en contra de las obras del Tren Maya, interpuesta por representantes indígenas, comunidades y afectados de esas entidades, así como de organizaciones de la sociedad civil, sin que hasta el momento el juzgado primero de distrito del estado de Yucatán la haya admitido.
Después de un largo desfile por el juzgado décimo quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, el juzgado primero de distrito en Campeche y el juzgado primero de distrito en Yucatán, este último se declaró competente para analizar la demanda, aunque señaló que el expediente físico y digital están incompletos.
La falta de actuación del juzgado primero ha paralizado totalmente la impartición de justicia y ha hecho del juicio de amparo un mecanismo inefectivo para proteger los derechos humanos de las personas, señaló la organización.
