Desconcertante o confirmatorio, pero ha sido polémico el amplio reconocimiento público que el Presidente de México ha hecho a su inmediato antecesor, Enrique Peña Nieto, a quien ha expresado “consideración, respeto” y agradecimiento por no haber intervenido en la elección de 2018 (https://bit.ly/3Onb3AR).
Tan amables palabras del conductor de la mañanera en Palacio Nacional contrastan con las muy duras y constantes que endereza a otros actores políticos y con la constante descripción que hace de las graves pillerías cometidas durante el sexenio anterior por una banda de ladrones que desgració a la nación, encabezada, según una suerte de clamor popular, por el gran corrupto, Peña Nieto.
La condescendiente postura del tabasqueño da contexto político a hechos peculiares sucedidos durante la campaña presidencial, la jornada electoral, el semestre de la presidencia electa, la “consulta” proenjuiciamiento de presidentes y la evidente impunidad de que han gozado Peña Nieto y sus allegados, ya fuera de Los Pinos.
Peña Nieto colocó piezas para perder, como José Antonio Meade y Mikel Arriola (a la Presidencia y a la jefatura del Gobierno capitalino, respectivamente), persiguió penalmente (con fundamento jurídico, pero también con intencionalidad electoral) a Ricardo Anaya, se resistió a propiciar una candidatura única contra López Obrador y apresuró la noche de los votos el reconocimiento priísta a la victoria morenista.
A los dos días, Peña Nieto entregó virtualmente el manejo, cuando menos mediático, del país a quien ni siquiera había sido declarado aún presidente electo. Y desde entonces lleva una plácida vida de jubilado político, sin sobresaltos, disfrutando de una fortuna que le permite vivir y viajar por Europa, sin asomo alguno de acciones judiciales en su contra, impune.
El presidente López Obrador suele decir que no propiciará venganzas, pero en el caso de Peña y del peñismo en general, lo que amplios sectores sociales han demandado es justicia. También ha señalado que no está en su ánimo impulsar acciones judiciales contra sus antecesores, pero cumplir con la ley e iniciar procesos contra corruptos que han cometido mayúscula traición a la patria no es un asunto de voluntad o veleidad personal, sino de cumplimiento constitucional de compromisos con la legalidad y la justicia.
¿Consideración, respeto y agradecimiento a Peña Nieto? A juicio de este tecleador, son palabras fallidas, una especie de aceptación de un pacto no escrito de impunidad al peñismo por haber facilitado o no haber obstruido el acceso al poder de un político y una corriente social mayoritaria, aplastante, que en 2018 votó en pro de justicia, de procesar y encarcelar a los corruptos de la “mafia del poder” y no más complicidades por entendimientos políticos de élite.
En otro tema, recién pasado el Domingo de Resurrección y en temporada intensa de rarezas políticas, el coordinador de la fracción panista en el Congreso de Guanajuato y de su Junta de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, firmó un convenio de colaboración entre el Poder Legislativo estatal y la Fundación Vamos México, que preside Marta Sahagún.
Tal Fundación, a la que en esta columna se denominaba (Ro)Vamos México, cuando Fox y Martita estaban en Los Pinos, fue creada para organizar espectáculos, pasar la charola, manejar con discreción esos fondos y farolear en busca de que la controladora del entonces presidente de la República fuera candidata panista en 2006, afán que le fue cancelado por Felipe Calderón Hinojosa.
El convenio con la citada fundación (https://bit.ly/3EFqTT0) se produjo, según explicó Ayala Torres en un tuit, a que es “una firma que abre la puerta a grandes posibilidades de capacitación, cooperación y desarrollo integral para las y los ciudadanos del #Estado” (https://bit.ly/38bwzYq). Es de esperarse que se transparenten los términos de ese convenio en cuanto a recursos públicos puestos a disposición de Sahagún y su entorno. ¡Hasta el próximo lunes!
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