Ciudad de México. La Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo inició una carpeta de investigación por abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza pública y robo contra elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), ante la denuncia presentada por Francisco Alvarado Hernández, vecino de Álvaro Obregón.

El retiro de un muro de mampostería del andador Prolongación Artificios sección Turbina, en la colonia Belén de las Flores, para abrirlo a la circulación de vehículos pesados, llevó al hombre de 51 años a notificarlo a las autoridades de la alcaldía, quienes enviaron tres patrullas.

Mientras grababa los hechos, se percató de que un “policía bancario e industrial, que iba vestido todo de negro, estaba ahorcando” a su sobrino de 16 años; Francisco le exigió que lo dejara y le informó que “tenía todo grabado”.

El uniformado –relató– le arrebató su celular y le preguntó a uno de sus vecinos –que está a favor del retiro del muro– “¿es él?”, a lo cual respondió que sí, y después de hacerle la “llave china”, lo subieron por la fuerza a la batea de la patrulla AO02-3, donde el policía le colocó su rodilla en el cuello.

Mientras, otro elemento, a quien le decían comando, le pisaba con sus botas los tobillos. Tras negarse a darles la contraseña de su teléfono para borrar la grabación, se quedaron con el aparato, su reloj y cartera con 25 mil pesos y tarjetas, y lo trasladaron a una agencia del Ministerio Público y tres juzgados cívicos.

El delito, según los policías, era robo de un radio y golpear al policía a quien se referían como comando; sin embargo, en ninguno fue recibido; señala que lo amenazaron con desaparecerlo, por “ponerme a grabar y haberme metido con las personas que estaban trabajando en el muro”.

Luego de cinco horas de estar privado de su libertad, otros elementos lo trasladaron a la fiscalía de Miguel Hidalgo, donde presentó su denuncia.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó que en algunas alcaldías se utilice a la policía para reprimir e informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició una investigación por lo ocurrido.

Expresó su desacuerdo por la forma en que se utiliza a las policías Auxiliar y Bancaria, aun cuando sean contratados por la alcaldía, pues finalmente el mando corresponde a la SSC, e informó que la víctima también presentó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos capitalina, e hizo un llamado a que este tipo de casos se denuncien tanto penalmente como ante la Secretaría de la Contraloría General.

Mientras, el señor Alvarado y su hija Cristina pidieron ayuda a diputados del Congreso local, quienes criticaron al gobierno de la alcaldesa Lía Limón por la actuación de los policías, que fueron contratados por su administración.