La importancia de la “reforma eléctrica” no es menor, pero deben precisarse sus alcances. Mientras se invocan temas ambientales y de soberanía, con el argumento de que los beneficios que se obtengan en la producción y cobro del servicio de electricidad permanecerán en el país, lo cierto es que en este sexenio se ha comprobado que la eficiencia en un ramo de las actividades del Poder Ejecutivo no se traduce en resolver problemas de fondo: la mayor recaudación impositiva parece diluirse.
La instauración de los juicios orales penales costó millones de pesos. Fue necesario modificar recintos judiciales, dar capacitación, hacer una reestructura legal de los procedimientos policiacos y ministeriales con vistas a que los jueces orales resolvieran presencialmente y con rapidez las causas penales. Más allá de establecer la eficacia en el respeto de los derechos procesales de los inculpados y si ello corresponde con la atención y respaldo a las víctimas de los delitos, la comisión delictiva nacional no se ha disminuido; en algunos ilícitos nos encontramos con índices muy altos, impensados hace unos años; la economía de ciertas regiones está supeditada a la permisividad operativa otorgada por los grupos delincuenciales; y, sobre todo, la reforma procesal no sirvió para resolver el abrumador fenómeno delincuencial en el país y las constantes y muy altas tasas de impunidad.
Algo similar parece suceder con la reforma laboral. El esfuerzo para crear los juzgados laborales no ha correspondido con dotar de herramientas a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para acabar con los cientos de miles de juicios en trámite, pero, sobre todo, tampoco se ha traducido en mejores salarios para los trabajadores ni en mejores condiciones de Seguridad Social. El aumento del salario mínimo apenas se refleja contra los índices inflacionarios aplastantes en ciertos alimentos y medicinas. Lo mismo sucede con las mejoras en elecciones sindicales: la democracia electiva no se ha traducido en una mayor distribución de las ganancias empresariales ni en una solidificación del empleo formal o en mantener la planta laboral.
Las reformas procesales penal y laboral contemplan beneficios en los procedimientos, pero no en las causas generadoras de los conflictos jurisdiccionales.
La reforma eléctrica parece tener un símil: como sea aprobada, faltará verificar si su implementación resuelve temas de fondo en la creciente desigualdad socioeconómica de la población y en las condiciones de vida derivadas de la administración estatal energética. El contenido de la Constitución Política de un país es palabrería o buenas intenciones si no se traduce en el bienestar de cada una de las personas.
