El Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la resolución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que impuso a Jorge Aurelio Ochoa Morales, ex director de finanzas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), durante el sexenio de Felipe Calderón, del pago de una responsabilidad resarcitoria por casi 168 millones de pesos por daños a la hacienda pública. En la actualidad se desempeña como director de Finanzas y Administración del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

Por mayoría de seis votos, la Sala Superior del tribunal aprobó el proyecto de la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien consideró infundados los argumentos de impugnación del ex servidor público, ya que no desvirtuó la irregularidad que se le atribuye, ya que cuando ocupó el puesto en Conaculta pagó 207 millones de pesos por un servicio que valía 39 millones.

En su ponencia, la magistrada señaló que el daño al erario que ocasionó Ochoa Morales deriva de la adquisición de servicios del acervo digital y bibliográfico denominado "Recursos digitales e impresos para Bibliotecas Públicas”, un esquema de triangulación de recursos públicos al estilo Estafa Maestra.

Al respecto, la magistrada recordó que la irregularidad consistió en la suscripción “indebida” del convenio de colaboración del 13 de junio de 2012 celebrado con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del estado de México, por un monto de más de 207 millones de pesos, mediante al cual se adquirieron los servicios del acervo digital y bibliográfico denominado Recursos Digitales e Impresos para Bibliotecas Públicas.

Sin embargo, dicha casa de estudios subcontrató a una empresa tercera a quien le pagó más de 197 millones, que a su vez llevó a cabo los servicios por 39 millones de pesos, “de lo cual se desprendió que existe una disparidad de más de 167 millones, es decir, un sobreprecio resultante de la diferencia entre lo que el referido fondo cobró a Conaculta con el costo real de los servicios mencionados”.

Pero no sólo eso, dijo que lo anterior, “no garantizó al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, en tanto se omitió verificar que ese contrato y que la Universidad Autónoma del Estado de México hubiese sido la única entidad con la licencia para comercializar los servicios, materia del adendum en comento, y que por ello contara con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto de contrato, pues esta subcontrató tales servicios con un tercero, que a su vez, como ya se mencionó, hizo la adquisición directamente de las editoriales” señaló Mosri Gutiérrez.