Ciudad de México. Debido a que autoridades judiciales han “paralizado” completamente el proceso jurídico en contra del Tren Maya que han impulsado habitantes de comunidades de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, éstos presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de quienes resulten responsables por la omisión de impartir justicia pronta y expedita.

El Consejo de la Judicatura se encarga de vigilar la disciplina y conductas de los funcionarios del Poder Judicial y cuyo presidente es el ministro Arturo Zaldívar, precisó en un comunicado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Indicó que las conductas del Poder Judicial han perjudicado el acceso a la justicia, la función jurisdiccional y los principios de profesionalismo, objetividad e imparcialidad que rigen el servicio público.

Recordó que desde el 21 de julio del 2020 se presentó la demanda en contra de las obras del Tren Maya, interpuesta por representantes indígenas, comunidades y afectados de esas entidades, así como de organizaciones de la sociedad civil, sin que hasta el momento el Juzgado Primero de Distrito del estado de Yucatán la haya admitido.

Agregó que después de un largo desfile por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, el Juzgado Primero de Distrito en Campeche y el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, este último se declaró competente para analizar los argumentos planteados en la demanda; sin embargo, ha señalado que el expediente físico y digital están incompletos.

El Cemda consideró inexplicable que diversas pruebas que forman parte del expediente de la demanda hayan desaparecido y, si bien los juzgadores tienen la facultad de ordenar la reposición del expediente de un juicio cuando algunos elementos o partes hayan desaparecido hasta el momento, el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán se ha negado a hacerlo, pese a que sus homónimos han informado que no tienen en su posesión las partes del expediente “extraviadas” o “no localizadas” y que ha sido solicitado por la parte quejosa.

Esta falta de actuación del Juzgado Primero ha paralizado totalmente la impartición de justicia y ha hecho del juicio de amparo un mecanismo inefectivo para proteger los derechos humanos de las personas, señaló.