El pasado 12 de abril, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) publicó el informe realizado a partir de su visita a México en noviembre pasado. Si bien en la agenda mediática dicho informe pasó desapercibido debido a la frenética agenda política de las últimas semanas, la importancia del documento merece una mirada atenta, especialmente sobre los resultados y las recomendaciones que presenta el grupo de expertos.
El informe da cuenta de una situación de extrema gravedad en materia de desapariciones en México, así como de las severas carencias institucionales para su prevención, atención, investigación, sanción y reparación. Si bien el CED saluda y reconoce los avances efectuados en el marco normativo e institucional para la atención de las desapariciones forzadas, deja claro que hoy los resultados son precarios ante la magnitud del problema.
Ante este panorama, el CED llama al gobierno mexicano a elaborar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, con el propósito de atender una agenda de 10 prioridades enunciadas en el documento, destacando cuatro condiciones indispensables: el reconocimiento de los criterios de responsabilidad de los servidores públicos y la erradicación de las causas estructurales de la impunidad; el abandono del enfoque de militarización de la seguridad pública; la visibilización, información y sensibilización sobre las desapariciones en México, y la debida implementación del marco normativo, jurisprudencial e institucional en el país.
Tras la presentación del informe, el presidente López Obrador no tardó en desacreditar el reporte, acusando a la ONU de no actuar con apego a la verdad y reprochando al grupo de expertos por no ver los abusos cometidos en el pasado, para luego asegurar, una vez más, que en su gobierno ya no hay impunidad. Con esta apresurada respuesta, en la que se exhibe una retórica ambivalente cada vez más parecida a las de sexenios anteriores, todo hace pensar que lamentablemente el gobierno de la autodenominada 4T está dispuesto a perder la oportunidad, y el deber histórico de atender cabalmente la crisis de desaparición en nuestro país.
La respuesta de López Obrador inevitablemente nos hace recordar las declaraciones hechas en su momento por Enrique Peña Nieto para deslegitimar a Juan Méndez, entonces relator especial de la ONU sobre tortura, en el marco de la publicación del informe de su visita a México, en el que evidenciaba a esa práctica como algo generalizado en el país; o la sutil campaña del propio Peña para desacreditar los cuestionamientos del GIEI sobre la llamada verdad histórica construida para dar carpetazo al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La retórica del actual Presidente tampoco está muy lejos de la esgrimida por Felipe Calderón y su obstinado rechazo a las múltiples condenas a la estrategia militar de combate al narcotráfico implementada durante su sexenio; aún hoy el ex presidente sostiene que el incremento en los homicidios dolosos, secuestros y desapariciones que se observaron a partir de su mandato obedece a la actividad del crimen organizado y no a su estrategia de militarización; mismo argumento, por cierto, al que López Obrador ha recurrido más de una vez ante las cifras asociadas con la violencia que se han venido acumulando durante su mandato.
Sí, es muy cierto que la actual administración heredó un problema estructural difícil de enfrentar; sin embargo, la cifra acumulada de desaparecidos y no localizados en México asciende a 99 mil 110; de los cuales 30 mil 721 desaparecidos corresponden al actual sexenio; esta cifra es ya 95.8 por ciento superior al mismo periodo del sexenio de Peña.
La continuidad del empoderamiento de las fuerzas armadas en el país sigue siendo motivo de preocupación; esta vez lo han subrayado los expertos del CED, quienes, en el ya referido informe, señalan que la Sedena, la Guardia Nacional, y la Secretaría de Marina se encuentran entre las autoridades con mayor presencia en los expedientes de presuntas violaciones a derechos humanos y recomendaciones en trámite registradas por la CNDH.
No podemos pasar por alto que, cinco días después de la publicación del informe, la sociedad mexicana recibió la noticia del lamentable deceso, a sus 95 años, de doña Rosario Ibarra de Piedra, gran precursora de la lucha por los derechos humanos en el país, que dejó tras de sí una trayectoria de 45 años de valiente y digna búsqueda de su hijo Jesús Piedra Ibarra.
No obstante, doña Rosario, como los miles padres y familiares que buscan a sus desaparecidos en el país, merecen de los gobiernos un verdadero compromiso por la justicia que supone, en el caso del gobierno de López Obrador reconsiderar y modificar a profundidad las estrategias hasta hoy implementadas. La 4T bien podría comenzar por escuchar con atención, ponderar y acatar las recomendaciones publicadas por el CED para la atención de la problemática de desaparición en el país. De no hacerlo, pasará a la historia en el mismo bloque de los sexenios anteriores, a los que recordamos por haber apostado al descrédito a los organismos internacionales de derechos humanos y a la militarización de la seguridad pública, a contrapelo de lo que dictan los más elementales estándares democráticos.
