La pandemia nos hizo recordar “un principio muy básico: o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado”, expresó, en una breve y sustanciosa intervención, el presidente de Chile, Gabriel Boric, al inaugurar los trabajos de un foro que tiene el doble propósito de sumar a América Latina y el Caribe a la defensa de la naturaleza y proteger a quienes la defienden.

Siguió: “El Acuerdo de Escazú apunta precisamente a la idea de salvarnos juntos, de trabajar juntos”, en referencia a un instrumento cuyo origen se remonta a la Declaración de Río (1992) y a un sinnúmero de esfuerzos y reuniones globales y regionales.

Su particularidad reside, según su texto original, en que es al mismo tiempo “un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos… Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados”.

La Conferencia de las Partes (COP 1) fue convocada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo que coordina la implementación del instrumento de largo nombre: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

De ahí que, para efectos prácticos, se le llame Acuerdo de Escazú (por la población costarricense donde fue aprobado). Abierto a 33 países de la región, el acuerdo adoptado en 2018 ha sido firmado por 24 países y ratificado por 12, entre ellos México.

Antes del inicio del encuentro, un breve video describía el contenido general del acuerdo y ofrecía datos demoledores: En la región “existe una elevada conflictividad socioambiental, y es el lugar más peligroso para la defensa del ambiente, con más de dos tercios de los asesinatos (de ambientalistas) reportados a escala global”.

Casos emblemáticos

El joven presidente chileno aprovechó el “lugar privilegiado” desde el cual hablaba para “recordar a quienes no están”. Y mencionó entonces tres casos emblemáticos: Macarena Valdés, activista chilena que se oponía a una hidroeléctrica y fue asesinada en 2016; a Breiner David Cucuñame, ambientalista colombiano asesinado a los 14 años de edad, y a la hondureña Bertha Cáceres, de quien citó una potente frase: “La palabra vive al replicarse”.

Con esta evocación, Boric quiso poner rostro a su alocución y subrayar uno de los objetivos centrales del acuerdo: “Son cientos los que ya no están con nosotros, los que ya no pueden luchar. Es por ellos y por ellas, y por quienes siguen alzando la voz. Lo siguen haciendo a pesar de vivir bajo amenazas. Por eso hoy tenemos el imperativo de movilizarnos para protegerlos a ellos y protegernos a nosotros mismos. Esto es un acto de supervivencia”.

Por su parte, Epsy Campbell Barr, vicepresidenta de Costa Rica, indicó que el Acuerdo de Escazú es “un instrumento marco de altos estándares para fomentar la inversión responsable… y mejorar la transparencia y las salvaguardas ambientales”. Igualmente, llamó a “sumar rápidamente” a los países que no lo han ratificado, puesto que ofrece “herramientas reales a los defensores ambientales para defender nuestro planeta”.

En el evento también participaron representantes de organismos civiles, quienes llamaron a los gobiernos a sumarse de manera urgente al que consideran el primer gran pacto ambiental de América Latina, y pionero en la protección de los ambientalistas.