Hay intereses que se oponen a una Ley General de Aguas más progresista y que evite el acaparamiento del líquido, ya que el dictamen que está en el Congreso, que retoma elementos de la iniciativa ciudadana, establece límites en las concesiones que en la legislación actual no existen, sostuvo Cindy McCulligh, del Ciesas de Occidente.
“Hay integrantes del Consejo Consultivo del Agua que han señalado que la afectación a las concesiones de particulares los hace oponerse a la nueva legislación”, expresó en el foro Los grandes problemas de la política: la captura de las instituciones, convocado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad.
McCullig destacó que también en la actualización de la norma 001 de aguas residuales, proceso que llevó 15 años, hubo protestas de organismos empresariales privados y argumentaron que no fueron consultados. Sin embargo, en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat), donde se elaboran las normas, prevalece la participación del sector privado por encima de las organizaciones. Recordó que un funcionario de la Secretaría de Economía le comentó que los empresarios cuando señalan que no fueron consultados, entienden que esto consiste “en que les deben tomar dictado”.
Por su parte, Fernanda Hopenhaym, de grupo Poder, explicó que la captura se da cuando hay interferencia indebida de actores económicos que controlan capital o territorios para crear condiciones favorables a sus intereses, “no se habla siempre de conductas ilegales, pueden ser legales o reguladas”.
Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, se refirió al caso del etiquetado de alimentos procesados y recordó los obstáculos que se establecieron en gobiernos anteriores para aplicarlo. Indicó que los gobiernos experimentan conflictos de intereses cuando sus representantes actúan en función del beneficio privado en lugar del público y es necesario hacer presión en todos los niveles, que se investiguen los financiamientos, como los de Fundación Coca-Cola en la UNAM, que ha estudiado la diabetes.
La investigadora Leticia Merino sostuvo que la captura regulatoria está en la raíz de muchos problemas ambientales porque impiden soluciones desde la política, “la captura deja esa interferencia para que las políticas públicas se diseñen a favor de intereses privados, hay procesos de captura en el Legislativo”.
