Cuatro gobernadores estatales, correspondientes a partidos opositores al que ejerce actualmente la Presidencia de la República, han firmado acuerdos sobre temas fronterizos con el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en los que se incluye el uso de la fuerza pública para “asegurar” desde ambos lados la línea divisoria entre México y Estados Unidos.
El activismo del mandatario texano tiene como referente la búsqueda de la candidatura presidencial republicana y el choque con el presidente Joe Biden, del Partido Demócrata. Abbott tuiteó claramente: “La semana pasada, el estado de la estrella solitaria y los estados mexicanos vecinos firmaron acuerdos históricos para asegurar ambos lados de la frontera. Texas hizo más en dos días para asegurar la frontera de lo que Biden ha hecho en 15 meses”.
Abbott movió piezas en el tablero fronterizo al anunciar, el 6 del mes en curso, medidas rigurosas en cuanto a autobuses y tractocamiones que al ir de México a Estados Unidos fueron detenidos e inspeccionados con tal morosidad que causaron pérdidas económicas a comercios y empresas de ambos lados de la frontera.
Control migratorio en general, y en particular respecto al tráfico de drogas y de personas, fue el móvil texano explícito, aunque luego ello se convirtió en pieza política de chantaje y negociación, hasta llevar a mesas de “acuerdos” al priísta coahuilense Miguel Ángel Riquelme (quien a finales de marzo rompió lanzas con el gobierno federal), al panista tamaulipeco Francisco Javier Cabeza de Vaca (quien libra dura batalla contra la 4T en busca de no ser encarcelado al final de su mandato, este año), el emecista neoleonés Samuel García (distante también de Palacio Nacional) y la panista chihuahuense Maru Campos (de doble juego político, que en una de sus caras aparenta buena relación con López Obrador).
No tienen facultades legales los gobernadores mexicanos y mucho menos el de Texas para llegar a “acuerdos” sobre seguridad fronteriza y migración, temas claramente pertenecientes al ámbito federal. Pero Abbott está en campaña prelectoral y los gobernadores mexicanos opositores se prestaron a esas maniobras, con el peligroso agregado de aparentar que pueden, esas entidades donde siempre ha habido un sedimento separatista, negociar y cerrar arreglos sin la intervención del Poder Ejecutivo Federal.
En Palacio Nacional y en la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha asumido el hecho como expresión política. Hubo un comunicado con precisiones y la Casa Blanca hizo lo propio. Pero el manejo faccioso y retador continúa: ayer Riquelme desplegó policías y equipo estatales en la frontera, ante lo cual Abbott tuiteó: “Gobernador inicia sus medidas de seguridad fronteriza reforzada tras la firma de nuestro histórico acuerdo. Estamos asegurando ambos lados de la frontera”.
A propósito del aparentemente extraño reciclamiento de Ignacio Ovalle Fernández al inicio de la actual administración federal, y de su colocación en una oficina de Gobernación al dejar Seguridad Alimentaria Mexicana, en medio de un cúmulo de irregularidades presupuestales por cerca de 8 mil millones de pesos sólo en 2020, vale recordar una parte de la entrevista que el 2 de mayo de 2018 el periodista Arturo Cano hizo al abogado José Agustín Ortiz Pinchetti (ahora fiscal electoral federal):
–Dicen los clásicos que el poder elige a sus opositores. En ese sentido, ¿Ernesto Zedillo eligió a López Obrador cuando fue presidente del PRD?
–Que lo estaban observando no me cabe duda. Tengo amigos en el PRI, y les pregunté cuándo comenzaron a observarlo. Creo que cuando quiso ser reformista en el PRI, entonces empezaron a darse cuenta no sólo de que era un agitador, un caudillo, sino que tenía capacidad política. Al grado tal de que Carlos Salinas lo invita a su gabinete, siendo muy joven. El que porta el ofrecimiento fue Ignacio Ovalle, su primer jefe (https://bit.ly/3vxI9oV ). ¡Hasta mañana!
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