La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a diversas autoridades federales y estatales por violaciones a las garantías de menores de edad víctimas directas e indirectas de trata de personas, y que en 2020 fueron agredidas sexualmente en un albergue de la asociación civil Comisión Unidos vs Trata, que en ese momento presidía Rosi Orozco, ex diputada federal.
La recomendación 72/2022 fue dirigida a los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y del estado de México, Alfredo del Mazo, así como al titular de la Fiscalía General de Justicia de esta entidad (FGJEM), José Cervantes, y al procurador federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), Oliver Castañeda, por omitir verificar la idoneidad del personal que prestaba sus servicios en el albergue donde se encontraban las víctimas, a efecto de constatar que contaran con la capacitación adecuada para atender sus necesidades.
El 23 de marzo de 2021, el organismo nacional inició de oficio un expediente de queja, derivado del conocimiento que tuvo, a través de notas periodísticas, sobre los menores de edad agredidos sexualmente por parte de dos adolescentes que también residían en dicho albergue, ubicado, en primera instancia, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, y más tarde, en el estado de México.
Indicó que, según las notas periodísticas, cuando dicha asociación civil prestaba sus servicios en Coyoacán, vecinos del albergue denunciaron que por las noches se escuchaban “chillidos y gritos de niños”. Además de que los cuidadores de los menores sólo trabajaban de día y de lunes a viernes, por lo que en las noches y los fines de semana se quedaban solos.
La CNDH constató que, tras los hechos ocurridos en el albergue, se presentaron denuncias ante la FGJEM los días 10 y 12 de agosto de 2020, y una más el 15 de abril de 2021, por violación equiparada y violación con modificativa agravada, por lo que se vinculó a proceso a dos adolescentes.
Ante ello, emitió una serie de puntos recomendatorios, entre ellos, solicitó a Alfredo del Mazo que realice las acciones necesarias a fin de que la PPNNA-Edomex implemente medidas de coordinación interinstitucional con su homóloga en la Ciudad de México, con el fin de dar seguimiento a la atención a las víctimas, debiendo establecer un plan de restitución de sus derechos.
