No hay pretexto ni vuelta de hoja: van para afuera las fraudulentas empresas de “autoabasto” eléctrico (léase mercado negro de energía, como Iberdrola comprenderá) por ser totalmente ilegales, y el gobierno de la República actuará en consecuencia, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021, en la que queda claro que “los permisos de autoabastecimiento (…) obtenidos en fraude a la ley deberán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía” (CRE).
Con la citada trasnacional española a la cabeza, van para afuera esas empresas de “autoabastecimiento” (con alrededor de 78 mil “socios”, que en realidad son clientes) que atracan al erario gracias a los permisos otorgados durante el salinato y a las modificaciones a la ley realizadas por los gobiernos sucesivos. Como bien dice el presidente López Obrador, “a robar a su casa”.
En la mañanera de ayer el mandatario mexicano de nueva cuenta abordó el tema y, tras comentar el mecanismo fraudulento utilizado por dichas empresas, “que, aun cuando ya es ilegal, les hago un llamado para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley; si no, me convierto en cómplice. Ya hay un marco legal, entonces no es de que yo presente las denuncias penales correspondientes a estas empresas, las más importantes dan servicio a 70 mil (alrededor de 78 mil, en realidad), pero son 20, la mayoría extranjeras. Entonces, ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados –nada más que sean abogados serios, que nos les estén mintiendo, porque ya es cosa juzgada– lo que resolvió la Suprema Corte para que se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude ese mecanismo de autoabasto que crearon, que es como una especie de mercado clandestino, informal, ilegal. Tenemos que hablar. No puedo hacerme de la vista gorda, pero no quiero que lo primero sea las demandas penales, lo primero es un llamado a sentarnos al diálogo. Estoy por concluir el análisis de quiénes están en la ilegalidad completa, que violan la Constitución. Vamos a buscar un proceso de transición donde, desde luego, no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo se les den opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley”.
Paralelamente, López Obrador subrayó: “logramos nuestro propósito de proteger a la CFE y vamos a cumplir el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Aun con el rechazo de la reforma constitucional, la ley eléctrica que presentamos inicialmente se elevó a rango constitucional, y ya la Comisión Federal de Electricidad puede poner a producir todas sus plantas, que no podía hacerlo, y puede ya despachar energía, pasar de 38 por ciento a 55 por ciento. Eso es lo que se logró en una primera etapa. Legal, porque de las cerca de 200 plantas que generan energía eléctrica de la CFE no se podían utilizar alrededor de 70 por ciento, y ahora se van a poder utilizar todas las hidroeléctricas”.
Las fraudulentas empresas de “autoabasto” han causado pérdidas multimillonarias al erario, al tiempo que, en connivencia con gobiernos entreguistas, lograron minimizar la participación de la CFE, con el objetivo de desaparecerla y quedarse con el mercado eléctrico nacional. Entonces, con todo y la oposición traidora, se les apestó, y a partir de ya la CRE debe cancelar los permisos.
En cambio, las hidroeléctricas de la CFE, “que tienen 10 años de estar subutilizadas, ahora van a producir”, con lo que la participación del Estado crecerá en más de 50 por ciento, con base en la resolución de la Suprema Corte. “Sólo se permite el autoabasto si se trata, en efecto, de una empresa que utiliza (para sí misma) la energía que produce; si se trata de una acerera, de una minera, en esos casos sí, pero no es producir y ‘te vuelvo socio, aunque tengas Oxxos’”.
Las rebanadas del pastel
La desfachatez de Emilio Lozoya es de colección: el director peñanietista de Petróleos Mexicanos “ofreció pagar 2 millones 695 mil 985 pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para reparar el daño al erario que causó al mentir sobre sus declaraciones de impuestos durante el ejercicio fiscal de 2016, y así evitar que lo procesen por el presunto delito de defraudación fiscal” ( La Jornada, César Arellano y Eduardo Murillo). Ese monto apenas alcanza para unas cuantas cenas en el Hunan, si es que en ese restaurante alguna vez pagó de su bolsillo.
