La restricción sobre el uso de cualquier mineral considerado como estratégico es una señal de incertidumbre para las operaciones mineras en México, advirtió la Cámara Minera de México (Camimex); en tanto, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm) destacó que dejar fuera a la iniciativa privada y usar únicamente recursos estatales para desarrollar proyectos de litio es un riesgo para las finanzas públicas del país.
En un documento en respuesta a la iniciativa de reforma a la Ley Minera, aprobada por diputados y senadores, la Camimex indicó que dicha modificación puede impactar negativamente en la contribución que las empresas mineras realizan para abonar a la reactivación económica del país, al tiempo que pone en riesgo el empleo de más de 3 millones de familias y el bienestar de 690 comunidades.
Falta información
El organismo privado que aglutina a las empresas mineras más grandes del país insistió en que aunque no hay suficiente información disponible sobre las reservas del litio en México, es un hecho que se requiere de un esfuerzo de exploración del territorio en busca de yacimientos.
No obstante, para lo anterior se necesitan largos periodos de maduración para los proyectos y fuertes inversiones que afectarían gravemente el presupuesto público, con el fin de desarrollar y contar con la tecnología para explotar este mineral.
“Con la información conocida hasta el momento, tanto por parte de las empresas mineras como de las autoridades, no es posible asegurar que exista un yacimiento en el territorio nacional que sea viable para su producción, no por lo menos con la tecnología actual”, apuntó.
Al respecto, la Aimmgm indicó que desarrollar proyectos de litio de gran calado implica una gran cantidad de recursos invertidos en el largo plazo y a un alto riesgo, por lo que hacerlo únicamente con dinero gubernamental atenta contra las finanzas públicas del país.
Además, apuntó el organismo privado, esta reforma envía un mensaje negativo a los inversionistas, pues generará incertidumbre e inseguridad jurídica, lo que ahuyentará capitales de inversión en el sector minero, cuya tendencia de los años recientes está preocupantemente a la baja.
La inversión es necesaria para el crecimiento del sector y del país, por lo que medidas que la desincentivan a futuro se traducirán en menos empleo, recaudación fiscal más baja y un menor dinamismo económico para las comunidades mineras.
