Luego de más de 80 días de negociaciones sin acuerdos en la Secretaría de Gobernación, la dirigencia de la sección 65 del sindicato minero acudió este martes a Palacio Nacional para exigir que les atendiera de manera directa el titular de la dependencia, Adán Augusto López Hernández, a fin de lograr una resolución definitiva a la huelga en la mina de Cananea, Sonora, que está por cumplir 15 años.
Nabor Duarte Herrera, secretario general local de dicha organización, demandó la restitución de los derechos humanos de los mineros, entre ellos contar con trabajo digno, así como un castigo ejemplar para Grupo México, y “hablar con una autoridad más alta que nosdé solución” de fondo al conflicto laboral.
Por indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Leticia Ramírez, directora de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, atendió a los trabajadores, y aseguró a este diario que el “diálogo amistoso” continúa y “no se ha roto”.
Planteó a los mineros tratar el tema con Gobernación para conocer “qué camino nos propone”, y se comprometió a contactar hoy a los trabajadores a fin de darles a conocer la ruta para avanzar en la solución del conflicto.
El 21 de enero pasado, el dirigente nacional del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, logró un acuerdo con el secretario de Gobernación, López Hernández, para establecer una mesa de trabajo, luego de lo cual se levantó el bloqueo carretero en Cananea que duró cuatro días. No obstante, dijeron los mineros, no hay avances.
“Queremos que el gobierno nos ayude y que sienten a los directivos de Grupo México a platicar para solucionar este problema”, demandó Duarte Herrera.
Destacó que si bien el senador Gómez Urrutia ha mostrado disposición y apertura al diálogo, la empresa propiedad de Germán Larrea mantiene “su cerrazón de nunca querer negociar el problema” con los mineros.
Antonio Navarrete, vocero de la sección 65, señaló que, mientras se estableció el “diálogo amistoso” que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes interpuso denuncias penales en contra de él y de Heriberto Verdugo, delegado del comité ejecutivo del sindicato minero, con el objetivo “de frenar una solución” en las negociaciones que se llevan a cabo en la dependencia de Bucareli.
