La reforma a la Ley Minera, que pretende reservar el litio únicamente para la explotación del Estado, ha sido minimizada en los días recientes por especialistas y por el sector privado, al argumentar, entre otras cosas, que el mineral ya era del país y que México no contiene grandes cantidades, lo que para Violeta Núñez Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), obedece a intereses económicos ocultos.
Para la experta, es llamativo cómo entes de gran relevancia mundial como el Servicio Geológico de Estados Unidos, Ganfeng Lithium (la mayor empresa productora) y el gobierno de Australia (principal país productor) han resaltado el potencial de México en la industria del litio, mientras el sector privado minimiza cualquier dato para detener todo intento de estatizar el llamado oro blanco.
Destacó que nacionalizar por completo el litio implicaría socializar las ganancias de la minería; sin embargo, la iniciativa privada no está dispuesta a renunciar a la ganancia, menos aún en un “paraíso minero como el mexicano, donde las empresas han saqueado al país, tanto como han querido, durante décadas. Ante esto, no están dispuestos a renunciar”.
Núñez Rodríguez resaltó los casos de la Cámara Minera de México (Camimex) y de BNamericas (denominada a sí misma como plataforma de inteligencia empresarial), quienes han dicho que las expectativas son poco realistas, dado que la perspectivas de desarrollar operaciones de litio económicamente viables son débiles por sus bajas concentraciones.
Además, enfatizó la especialista, siempre destacan que cualquier operación minera de litio administrada por el Estado enfrentará importantes complicaciones técnicas y financieras.
Sumado a lo anterior, legisladores de la oposición así como especialistas en temas energéticos han resaltado que el gobierno pretende nacionalizar un mineral que de por sí ya pertenece al Estado; sin embargo, lo que no dicen, apuntó Núñez Rodríguez, es que con esta reforma se asegura la exploración, producción y comercialización.
Esto, explicó, es relevante, pues el artículo 27 de la Constitución establece que los minerales están bajo el dominio de la nación. No obstante, la Ley Minera, violentando la legislación durante los pasados 30 años, le ha entregado el “dominio” a las empresas mineras privadas.
Lo anterior, porque el artículo seis de esta normatividad, establece que la minería es de utilidad pública y tendrá preferencia sobre cualquier otra actividad. Aunado a esto, el artículo 19 de la ley, que estipula los derechos que confieren las concesiones mineras, posibilita que los minerales sean de las empresas.
Núñez Rodríguez pregunta: ¿México no debe hacer caso a los datos de importantes jugadores internacionales? Esto, debido a que el Servicio Geológico de EU coloca a México en el décimo lugar entre los países con mayores recursos de litio con 1.7 millones de toneladas.
La mayor productora de litio del mundo, la china Ganfeng Lithium –que tiene un acuerdo para comprar Bacanora Lithium, dueña del yacimiento de Sonora– ha manifestado públicamente que el proyecto en México es el más importante dentro de su portafolio, el cual incluye otros en países como Argentina, Australia, China e Irlanda.
En su publicación La batalla por el litio de México, la especialista resaltó la llegada al país de la mayor productora de ese mineral, la cual apuesta al yacimiento de Sonora sin importar que el llamado oro blanco se encuentre en arcilla, lo que significa que es de difícil extracción: “Por qué esa empresa, con todo el poder económico para estar en cualquier país del mundo, decidió apuntar a México?”