Ayer trascendió que el gobierno de México disolvió “una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el combate al crimen organizado”.

Para las fuentes del reportaje de la agencia Reuters (un agente de la propia DEA que habló bajo condición de anonimato y alguien a quien sólo se refiere como “persona familiarizada con la situación”), el cierre de la unidad de investigaciones especiales (SIU, por sus siglas en inglés) amenaza “con poner en peligro los esfuerzos de Washington para combatira los grupos del crimen organizado”, “dificultar la captura y el enjuiciamiento de los líderes de los cárteles” dentro de nuestro país, y podría “resultar costoso en las calles estadunidenses, donde las autoridades luchan por reducir un aumento en las sobredosis”.

El ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, consideró que restringir la cooperación en seguridad dañará a ambos países y significará “más drogas yendo a Estados Unidos y más violencia en México”, e incluso afirmó que “México se está disparando en el pie” al cerrar una “unidad de élite que persigue a los grupos del crimen organizado responsables de la mayoría de los asesinatos”.

Además de confundir las opiniones de sus fuentes con los hechos y presentar todos los visos de una operación de golpeteo político, la investigación contrasta fuertementecon la realidad de las actividades de la DEA en nuestro país y en el hemisferio.

En efecto, en el casi medio siglo transcurrido desde que Washington declaró su guerra global contra las drogas y los 25 años en los que han operado las SIU, no sólo no se ha logrado ninguna reducción en la demanda y consumo de estupefacientes, sino que nuestro país ha vivido un aumento vertiginoso de la violencia, el fortalecimiento de los cárteles, la desintegración del tejido social y, para colmo, la pérdida de soberanía por la aplicación de esquemas fallidos e injerencistas como la hoy cancelada Iniciativa Mérida.

Como el propio reportaje reconoce –aunque restándole importancia–, la SIU que operó en México –y que se reproduce en otros 14 países– se encuentra totalmente desacreditada desde 2017, cuando su ex jefe Iván Reyes fue detenido y se declaró culpable en un tribunal estadunidense de aceptar sobornos para filtrar información a una banda de narcotraficantes.

Más allá de este episodio, la actuación de la DEA se encuentra salpicada de escándalos, como el lavado de 13 millones de dólares al cártel de Sinaloa como parte de una operación encubierta en la primera década de este siglo; la sentencia, apenas el año pasado, a uno de sus agentes por desviar más de 9 millones de dólares que recibió de cárteles colombianos, también en el curso e investigaciones encubiertas; o la entrega de armas a los grupos criminales mexicanos en el contexto del operativo Rápido y Furioso durante el sexenio de Felipe Calderón.

Tampoco puede olvidarse que dicha administración, entusiasta “colaboradora” de Washington, tuvo al frente de la seguridad pública a un personaje como Genaro García Luna, hoy encarcelado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.

No es un dato menor que durante el calderonato, cuando alcanzó sus niveles más vergonzosos la supeditación a los dictados estadunidenses, los cárteles mexicanos experimentaron un crecimiento de 900 por ciento y se incrementaron en 2 mil por ciento las muertes de civiles en enfrentamientos de autoridades y presuntos delincuentes.

En suma, al terminar la operación de una de las SIU que operaban en México, el gobierno federal no sólo hace uso de sus potestades soberanas, sino que pone fin a una estrategia que para nuestro país sólo entregó resultados desastrosos y contraproducentes, lo cual está en línea con el cambio de paradigma en materia de seguridad pública puesto en marcha por la Cuarta Transformación.