El Gobierno de la Ciudad de México impugnó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que aún no es definitiva, por la que suspendió el aviso de los lineamientos para evaluar al personal que ingrese o permanezca en servicio en la administración pública local.

Las alcaldías gobernadas por la alianza PAN, PRI y PRD en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Benito Juárez y Azcapotzalco presentaron controversias constitucionales en contra del aviso que suspendió la SCJN el pasado 29 de marzo.

La Dirección General de Servicios Legales informó que impugnó la admisión de las controversias y la suspensión del aviso, con “los argumentos de que no existe invasión de competencias; existe afectación a la colectividad por la suspensión del acuerdo, ya que, evidentemente, garantizar que las personas que accedan a ocupar un cargo en la administración pública deben tener un alto estándar para proyectar un desempeño adecuado para la población, se considera de interés público”.

Sin embargo, el director general de Asuntos Jurídicos de Azcapotzalco, Miguel Ángel Ocano, aseguró que el aviso viola la Ley de Alcaldías, porque “hay invasión de facultades”, al indicar que en el caso de la alcaldía compete la contratación del personal de estructura, entre los que se encuentran los directores y jefaturas de unidad.

Por otra parte, luego de que se diera a conocer el acoso laboral que sufren los trabajadores de nómina 8 en las alcaldías de oposición, el Congreso capitalino aprobó solicitar un informe detallado al respecto, así como las presuntas modificaciones a sus labores diarias y motivos.

El diputado Martín Padilla hizo referencia a la información publicada por La Jornada, que da cuenta de los abusos a los trabajadores de nómina 8, lo cual, acusó, se hace para que dejen sus plazas, a fin de dárselas a personas allegadas a las nuevas administraciones.