En la sesión del domingo en San Lázaro la oposición política obtuvo una victoria pírrica: impedir la aprobación del dictamen de reforma constitucional para modificar los términos de la industria eléctrica en favor de la nación y en perjuicio de los grandes consorcios energéticos que han obtenido beneficios multimillonarios a costa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Pírrica, porque ya la ley secundaria en materia de electricidad –que al principio del actual sexenio fue objeto de múltiples amparos por parte de esos mismos consorcios– había sido declarada constitucional por un fallo dividido de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), la cual desechó además una controversia interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica. En tales circunstancias, aunque a los grandes generadores privados les queden algunos subterfugios legales, la llamada Ley Eléctrica puede ser aplicada por el Ejecutivo federal para frenar el saqueo del que ha venido siendo objeto la CFE.
La reserva del litio y otros minerales estratégicos para la nación, que era un aspecto adicional de la reforma eléctrica, fue aprobada ayer en lo general por mayoría simple en la Cámara de Diputados, en forma de cambios a la Ley Minera, en una votación fast track por 298 votos a favor y 196 abstenciones, y en lo particular por 275 votos, 187 abstenciones y 24 votos en contra. El dictamen fue enviado de inmediato al Senado de la República, en donde fue turnada a comisiones.
La iniciativa declara “de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia” y establece que el preciado mineral “es patrimonio de la nación y su exploración, exportación y aprovechamiento se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México”. Adicionalmente, la bancada de Morena propuso un agregado fundamental: el deber del Estado de proteger los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos durante los procesos de exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio y sus cadenas de valor.
Este último aspecto resulta fundamental, si se considera que toda actividad minera, sobre todo cuando se realiza en gran escala, tiende a afectar el derecho de los pueblos al territorio y a un entorno limpio.
Ayer mismo, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno analiza la creación de una empresa pública dedicada a la investigación, prospección, explotación, procesamiento y comercialización del litio. Debe considerarse que este insumo ha adquirido ya una enorme relevancia para el transporte eléctrico y las tecnologías digitales, así como su importancia en cualquier programa de transición energética a fuentes limpias y renovables, para las cuales es indispensable un medio seguro de almacenamiento de electricidad, habida cuenta de su alto margen de intermitencia. De acuerdo con las proyecciones más sólidas, el litio será cada vez más relevante en prácticamente todos los tramos de la industria, lo que ha planteado ya presiones de diversos conglomerados industriales, sobre todo extranjeros, con el fin de apoderarse de los yacimientos mexicanos.
En tales circunstancias, las ambiciones sobre las reservas nacionales de este mineral, sean cuales sean sus dimensiones, introducen amenazas a la soberanía y la seguridad nacional, así como el riesgo de un saqueo descontrolado que acabaría dejando sin litio a la industria local. La modificación legal aprobada ayer en San Lázaro y que previsiblemente seguirá los mismos pasos en el Senado establece una protección necesaria y representa una garantía para el desarrollo y la independencia del país. Por todas esas razones, no es exagerado afirmar que ayer se dio un paso histórico y sumamente positivo para México.
