Ciudad de México. El recrudecimiento de la violencia en el país, las graves violaciones a derechos humanos, el aumento de actividades extractivas y la crisis climática conforman un contexto cada vez más hostil para quienes defienden los territorios y los derechos ambientales, en particular las mujeres defensoras.

Ante ello, integrantes de diversas organizaciones llamaron al Estado mexicano a cumplir con el Acuerdo de Escazú a fin de que éste no quede en el limbo y se traduzca en disposiciones y políticas concretas.

“No puede postergarse más la responsabilidad del Estado para garantizar la seguridad, espacios libres de violencias para desarrollar los trabajos de las mujeres defensoras”, señalaron.

Esta tarde, en conferencia virtual presentaron el posicionamiento surgido a partir de la iniciativa “Territorios en Defensa. Analizando el Acuerdo de Escazú desde las Mujeres Defensoras Ambientales y Territoriales”.

En ese espacio, trabajaron por varios meses para generar una discusión a partir “de un espacio que reivindica los feminismos comunitarios y en el que se colocó a las mujeres como aportantes (sic) de conocimientos y experiencias valiosas para transformar la realidad y generar procesos colectivos feministas con respecto a sus territorios y bienes naturales”.

Karla Priego, de Oxfam, señaló que las defensoras ambientales y del territorio enfrentan múltiples discriminaciones basadas en estereotipos de género, etnia, edad y estrato social; permanece la violencia política y la criminalización en su contra; y muchas de ellas desarrollan su labor en un contexto de narcotráfico y crimen organizado.

En su pronunciamiento, remarcaron que las mujeres “hemos emergido como protagonistas del sostenimiento de los medios de vida de nuestras familias y comunidades, de los cuidados que forman parte clave para enfrentar las crisis climáticas, sanitarias y económicas, y finalmente como defensoras de los territorios y los bienes naturales, arriesgando nuestras vidas frente a una creciente criminalización de los movimientos, la persecución y el asesinato”.

Las activistas manifestaron su preocupación por “el debilitamiento y la desmantelación” de instituciones por parte del gobierno que pueden velar por la protección y defensa de los territorios y los derechos humanos.

Los defensores del territorio y el medio ambiente enfrentan en el país una situación de riesgo. De acuerdo con el más reciente reporte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, durante 2021 ocurrieron 25 asesinatos de estos activistas y se presentaron 108 eventos de agresiones de distinto tipo. En total, en lo que va de la actual administración, 58 defensores ambientales han sido asesinados.

Demandaron que el Estado mexicano incluya estrategias ante contingencias inesperadas que afectan directamente a las mujeres en general, y en particular a las defensoras que confrontan una gama de amenazas, sin garantía, sin seguridad y sin protección.

“El Acuerdo de Escazú engloba las demandas de las mujeres y los pueblos indígenas frente a los megaproyectos y los extractivismos que llegan a despojarnos del territorio utilizando la desinformación, la violencia hacia la población y las y los defensores, nos niegan el derecho a la libre determinación; si este Acuerdo se respeta, podremos tener posibilidades de acceder a la justicia ambiental”.