Ciudad de México. La iniciativa de reforma a la Ley Minera que envió anoche el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados reconoce que el litio “es patrimonio de la nación”, por lo que propone reservar al Estado su exploración, explotación y aprovechamiento.
Para ello, plantea crear un organismo público descentralizado, por lo que el uso del litio y de otros minerales estratégicos para la transición energética no estará sujeto a otorgamiento de concesiones a favor de particulares, nacionales o extranjeros.
Con esta iniciativa, el mandatario federal busca atemperar el revés luego que propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica no alcanzó anoche en la sesión de la Cámara de Diputados la mayoría calificada.
Antes que se conociera la votación en San Lázaro, en un mensaje en Twitter, López Obrador recordó que como lo dijo el martes pasado, en su informe trimestral, pasara lo que pasara en el recito legislativo en la discusión en materia de la industria eléctrica “estamos blindados contra la traición”. Y agregó que este lunes, en su conferencia matutina, ahondará en el tema.
Este mismo lunes iniciará la discusión para la nacionalización del litio, para lo que se requiere sólo mayoría simple, por lo que se estima que esta misma semana quedará sellada por el órgano legislativo con los votos de Morena, del Partido del Trabajo y del PVEM.
El documento enviado por el presidente propone modificar y añadir varias fracciones y párrafos en los artículos primero, cinco, nueve y diez de la Ley Minera.
“La presente iniciativa tiene por objeto garantizar la autodeterminación de la nación, así como la soberanía energética del pueblo sobre el litio y demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética, la innovación tecnológica y el desarrollo nacional, así como determinar que un organismo público descentralizado se haga cargo de la exploración, explotación y aprovechamiento de dicho mineral”, expone.
En la exposición de motivos, el presidente López Obrador apunta que en las últimas tres décadas, la minería en México ha presentado, como nunca en la historia del país, “la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.
Agrega que sin restricciones se ha permitido la minería a cielo abierto, se han contaminado ríos y mantos freáticos, se ha utilizado irracional e irresponsablemente el agua superficial y subterránea, se han causado daños al medio ambiente y a la salud de las personas; además que no son “magros” los beneficios para los mexicanos y los trabajadores.
El mandatario afirma que la Ley Minera expedida en 1992 –en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari— se diseñó “para proteger y garantizar los intereses de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, para obtener concesiones, sin que importaran los derechos del pueblo de México”. Además que las reformas a dicha normativa de 1996, 2005, 2006 y 2014, se encaminaron en el mismo sentido.
Casi 60 por ciento del territorio nacional –argumenta López Obrador— está concesionado para actividades mineras, en detrimento de los pueblos originarios y los intereses nacionales, pues las contribuciones de los concesionarios al fisco federa “son exiguas”, además que los estados y municipios no reciben nada.
“Es momento de parar este despojo a la nación y poner las riquezas del subsuelo al servicio del pueblo de México. Tal es el caso del litio y de otros minerales que, conforme vaya evolucionando la ciencia y la tecnología, adquieran carácter estratégico para el desarrollo del país”, expone la iniciativa.
Remarca que actualmente el litio ha adquirido una relevancia tecnológica y económica por sus características: es el más ligero de los minerales y tiene múltiples aplicaciones en la vida cotidiana de la sociedad moderna, como para la fabricación de aviones y trenes, en la producción de baterías en general, para la manifactura de baterías de computadoras portátiles, teléfonos móviles, dispositivos digitales, el tratamiento del aire, entre otros usos.
“México tiene importantes reservas de litio que deben ser preservadas en beneficio del interés general y no de intereses mercantiles nacionales o extranjeros”, apunta el presidente.
Agrega que la exploración, explotación y aprovechamiento de ese mineral y sus cadenas de valor económico, “por su importancia estratégica, deben corresponder exclusivamente a la nación para que ésta se haga cargo integral de esa industria”.