De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis, 2019), dos de cada 10 personas con discapacidad no saben leer ni escribir, apenas 40 de cada 100 terminan la primaria y sólo siete de cada 100 tienen estudios de educación superior.
El ejercicio del derecho a la educación especial enfrenta retos aún más grandes que la educación regular. La lucha por su defensa, visibilización e inclusión real en las políticas y acciones públicas se tornan cada día más complicadas, pues aunque en las leyes se ha reconocido su importancia y necesidad, en la práctica no sucede así.
Las exigencias de aquellas personas que requieren acciones y materiales específicos –ya sea por alguna discapacidad física o intelectual o, incluso, por ser sobresalientes–, aún no pueden ser cubiertas por nuestro sistema educativo.
Estas carencias se han venido revelando de manera más constante gracias a la pandemia y el modelo de educación a distancia, pues las desigualdades generadas y la poca sensibilidad de las autoridades educativas nos han llevado a un momento muy crítico.
Lamentablemente, en la educación especial existe un paulatino pero constante desmantelamiento de servicios enfocados a esta población, una enorme falta de expertos y docentes que atiendan sus necesidades en las escuelas y la insuficiencia de materiales e infraestructura escolar. Ello se agrava cuando hay nula voluntad política y administrativa para resarcir estas desigualdades y una franca invisibilización de sus resistencias y exigencias.
Además, resulta más preocupante cuando se sabe que 99 por ciento de las personas con discapacidad que asisten a la escuela en México lo hacen en una institución pública y el fortalecimiento de sus trayectorias y la construcción de entornos educativos incluyentes, parece no ser prioridad para la Secretaría de Educación Pública (SEP) (Hermidia, 2022).
Y no es cualquier cosa, estamos hablando de más de 20 millones de personas con alguna discapacidad y/o limitación (INEGI, 2020), por lo que la simulación y demagogia ya no pueden ser opciones.
La reforma educativa de 2018 trajo falsas esperanzas. Por un lado, se reconoce en la Constitución y la Ley General de Educación que la educación especial es fundamental en la búsqueda de la justicia y la equidad; sin embargo, parece letra muerta, pues las acciones emanadas desde las instancias gubernamentales caen en la omisión o la mala ejecución de las políticas públicas, lo que genera una doble victimización y la continuidad de modelos excluyentes y poco empáticos.
Esto también se ve reflejado en la reciente discusión y construcción de los nuevos planes y programas de estudio, donde no se tomaron en cuenta los amplios sectores organizados de personas con discapacidad ni hubo apertura a propuestas independientes de gran valor pedagógico.
Recientemente, el colectivo Educación Especial Hoy advirtió que, aunque la política de inclusión educativa ha transformado la percepción que se tiene del alumnado con discapacidad, lamentablemente casi todas las acciones de la SEP se han centrado en el magisterio, a cuyos miembros se les sigue utilizado para lavarse las manos y deslindarse de sus responsabilidades “reduciendo la inclusión a un asunto de vocación y échaleganismo magisterial” (2020).
Los retos políticos, administrativos y educativos parecen interminables. Sólo la organización colectiva e independiente puede mejorar el rumbo. No dejemos a nadie atrás.
*Periodista especializado en educación.
Twitter: @elErickJuarez
