La iniciativa de reforma a la ley minera que anoche envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados reconoce que el litio “es patrimonio de la nación” por lo que propone reservar al Estado la exploración, explotación y aprovechamiento de este mineral.
Para ello, plantea crear un organismo público descentralizado, por lo que el uso del litio y de otros minerales estratégicos para la transición energética no estará sujeto a otorgamiento de concesiones a favor de particulares, nacionales o extranjeros.
Con esta iniciativa, el mandatario federal busca atemperar que la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica no alcanzó anoche en la sesión de la Cámara de Diputados la mayoría calificada. Anoche mismo, a través de Twitter, López Obrador recordó que como lo dijo el martes pasado, en su informe trimestral, pasara lo que pasara en San Lázaro en la discusión en materia de la industria eléctrica, “estamos blindados contra la traición”. Y agregó que hoy, en su conferencia matutina, ahondará en el tema.
Este mismo lunes iniciará la discusión para la nacionalización del litio, para lo que se requiere sólo mayoría simple, por lo que se estima que esta misma semana quedará sellada por el órgano legislativo con los votos de Morena, Partido del Trabajo y PVEM.
El documento enviado por el Presidente propone modificar y añadir varias fracciones y párrafos en los artículos 1º, 5, 9 y 10 de la ley minera.
“La presente iniciativa tiene por objeto garantizar la autodeterminación de la nación, así como la soberanía energética del pueblo sobre el litio y demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética, la innovación tecnológica y el desarrollo nacional, así como determinar que un organismo público descentralizado se haga cargo de la exploración, explotación y aprovechamiento de dicho mineral”, establece.
En la exposición de motivos, el presidente López Obrador apunta que, en las últimas tres décadas, la minería en México ha presentado, como nunca en la historia del país, “la sobrexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.
Casi 60 por ciento del territorio nacional –argumenta– está concesionado para actividades mineras, en detrimento de los pueblos originarios y los intereses nacionales, pues además de las consecuencias ambientales y sociales de esa actividad, las contribuciones de los concesionarios al fisco federal “son exiguas”, además de que los estados y municipios no reciben nada.
“Es momento de parar este despojo a la nación y poner las riquezas del subsuelo al servicio del pueblo de México. Tal es el caso del litio y de otros minerales que, conforme vaya evolucionando la ciencia y la tecnología, adquieran carácter estratégico para el desarrollo del país”, señala la iniciativa.
Remarca que nuestro país tiene importantes reservas de litio que “deben ser preservadas en beneficio del interés general y no de intereses mercantiles nacionales o extranjeros”.