La reforma eléctrica que hoy se votará en la Cámara de Diputados fue precedida de una fuerte oposición de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, a que se apruebe, ya que, de acuerdo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no quieren perder los privilegios que en pocos años les han permitido recuperar 22 mil millones de dólares, con base en abusos e ilegalidades.
Ningún directivo de Iberdrola, Naturgy, Fisterra Energy, Enel Green Power, Endesa, Arcosa, Minera Autlán y de las demás firmas privadas que generan electricidad, acudieron a los foros de consulta sobre esa reforma constitucional realizados durante enero y febrero en la Cámara de Diputados, pese a estar invitados. Tampoco han expresado públicamente su postura, aunque, versiones de legisladores indican que han maniobrado a todo vapor para presionar, incluso a través de sus gobiernos.
Durante los foros de ese parlamento abierto, contaron además con académicos, dirigentes de las cúpulas empresariales y expertos que, como el italiano Paolo Salerno, expresaron su rechazo a la aprobación de esa reforma y en algunos casos actuaron como cabilderos.
En contraste, en esos foros, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su director, Manuel Bartlett y otros funcionarios, advirtieron que con sólo 11 mil millones de dólares que en realidad invirtieron, porque de los 44 mil millones de que hablan, las dos terceras partes las obtuvieron de la banca de desarrollo y las afore, los empresarios se quieren apoderar del mercado eléctrico mexicano que vale 315 mil millones de dólares.
En el foro del 20 de febrero pasado, al que no quiso asistir el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, Manuel Bartlett recalcó que no es racional que esa empresa del Estado, que durante sus 84 años de vida ha invertido en el sector eléctrico y su valor es de 377 mil millones de dólares, a fines del sexenio sólo participe con 20 por ciento en la generación de electricidad.
Salazar Lomelí asistió después a otro foro, donde se confrontó con el director general de CFEnergía y CFE Internacional, Miguel Santiago Reyes Hernández, pero debió reconocer que las corporaciones aprovecharon la banca de desarrollo y las afore para financiar sus inversiones, con créditos por 31 mil millones de dólares.
Funcionarios federales y gobernadores de Morena insistieron en esos foros en que la reforma eléctrica es fundamental para recuperar la soberanía energética y la rectoría de Estado en materia de electricidad. Sin embargo, Rosanety Barrios, quien se presentó como analista independiente del sector energético, trabajó más de una década en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y participó en la reforma privatizadora de Peña Nieto, sostuvo que el Estado mexicano no tiene recursos para invertir en el sistema eléctrico y se requiere a los privados para generar “energía barata y limpia”.
Aseguró que en el siglo XXI el tema de la rectoría del Estado se ha resuelto “a través de los organismos autónomos, técnicamente fuertes e independientes de la agenda política”.
Por su parte, Paolo Salerno, el italiano que alcanzó notoriedad tras ser descubierto junto a la curul de una diputada del PRD durante la aprobación en comisiones de la reforma, se presentó en el foro número seis como integrante de la Cámara de Comercio Italiana en México, aunque se supo luego que funge como asesor del grupo parlamentario perredista en San Lázaro. En su ponencia insistió en que no se requiere modificar la Constitución. Dijo que la CFE no va a desaparecer, pero sí va a perder competitividad al disminuir su generación.
El 10 de marzo pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, estuvo en el Senado, donde expresó preocupación por el efecto retroactivo de la reforma en las inversiones de las empresas españolas y ha sido pública la actuación del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, también para influir en el proyecto de modificación a la Carta Magna.
